Con unas tres horas de retraso por protestas y reclamos de algunos constituyentes que acusaron una fuerte represión policial contra los manifestantes, la relatora del Tribunal Calificador de Elecciones, Carmen Gloria Valladares, procedió al nombramiento uno a uno de los 155 convencionales.

Mientras ello ocurría, se mantenían algunos choques entre las fuerzas especiales de la Policía y un grupo de manifestantes que intentó traspasar el cordón de seguridad en los alrededores de los jardines de la vieja sede del Congreso en Santiago, donde por razones sanitarias se realizó la ceremonia.

Una vez realizado el juramento se procedió a la elección del presidente del órgano. En segunda votación, la académica mapuche Elisa Loncón fue elegida con 96 de los 155 votos de los convencionales.

“Esta Convención transformará Chile”, dijo Loncón al enfatizar que este “sueño” será representativo de la pluralidad del país y trabajará para sentar derechos sociales, para cuidar a la Madre Tierra, entre ellos, el derecho al agua.

“Es un sueño de nuestros antepasados y este sueño se hace realidad; es posible, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, refundar este Chile, establecer una relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país. Esta es la primera muestra de que esta convención va a ser participativa”, agregó.

Loncón subió a la tarima vestida con el traje típico y portando una bandera mapuche, después de iniciar su saludo hablando en mapudungún, la lengua de su pueblo.

La académica ocupa uno de los 17 escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención que redactará la nueva Constitución chilena para reemplazar a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la salida política que encontró el país para encauzar las protestas iniciadas en octubre de 2019 en reclamo de una mayor igualdad social.

“No más represión”

Cuando comenzaba la sesión con la entonación del himno nacional, se escucharon chiflidos y gritos de algunos constituyentes que decían: “¡No más represión!”. Se acercaron a la mesa desde donde Valladares los juramentaría y en un clima de mucha tensión la llevaron a suspender temporalmente la ceremonia.

“Queremos hacer una fiesta de la democracia y no un problema, vamos a suspender la sesión por breves minutos”, afirmó Valladares, quien decidió suspender la ceremonia, en momentos que un grupo de constituyentes, en su mayoría de la Lista del Pueblo, salieron a la calle a exigir que las fuerzas especiales se retiraran de la zona, en el centro de la capital.

También hubo manifestaciones en los alrededores de la Plaza Italia, el epicentro de las manifestaciones sociales de 2019.

Muestra diversa de Chile

Constituyentes aymaras y mapuches hicieron ceremonias en Santiago antes de la instalación de la Convención Constitucional.

“Harto newen. Amulepe taiñ weichan”: mucha fuerza y que siga nuestra lucha, dijo a la AFP Daniel Antigual, un jubilado de 60 años que acompañaba a un grupo mapuche, el pueblo indígena más numeroso en Chile, al pie del Cerro Huelén (Cerro Santa Lucía como se identifica en el paisaje de Santiago) en mapudungún.

La heterogeneidad de los 155 integrantes de la Convención Constitucional -muchos independientes con afinidades de izquierda y sin experiencia en cargos públicos y sin ninguna lista que ostente la mayoría de un tercio que otorga poder de veto- obligará a alcanzar acuerdos.

Pero esa misma diversidad en posturas y orígenes alimenta el temor de que se eternicen las discusiones y finalmente el texto no logre cumplir con las expectativas ciudadanas.

“Está todo el país representado y se van a sentar a dialogar, a conversar el país que queremos. Por primera vez veo que hay una instancia de tanto poder como ésta en la que no están detrás los poderes fácticos”, dijo a la AFP el sacerdote jesuita Felipe Berríos, una de las voces más influyentes en Chile.

La tensión ya se había instalado en los días previos, debido a las peticiones de algunos de los constituyentes.

El sábado, 60 constituyentes firmaron una carta para demandar “garantías democráticas para la sana instalación de la convención”, en la que exigen, entre otros puntos, la liberación de presos de la revuelta social de 2019.

La Convención tendrá nueve meses -prorrogable por tres meses más- para redactar el nuevo texto, que será luego sometido a un plebiscito ratificatorio con voto obligatorio.

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