Fujimori denuncia un supuesto “fraude” desde el día siguiente de los comicios, cuando su rival de izquierda Pedro Castillo pasó a liderar el escrutinio, y presentó impugnaciones para anular mesas completas de votación ante el jurado electoral, que debe resolver estas solicitudes antes de proclamar al vencedor.

“En virtud del principio de neutralidad que debe respetar toda institución del Estado y encontrándose el proceso de elecciones generales en curso, no resulta posible jurídicamente atender el pedido formulado”, escribió el ministro de Justicia, Eduardo Vega, en la carta de respuesta la solicitud presentada por Fujimori el lunes en el palacio de gobierno.

“Las posibles irregularidades a las que hace referencia su carta, deben ser atendidas por el Jurado Nacional de Elecciones, que viene evaluando y resolviendo las impugnaciones y pedidos de nulidad [de votos] formulados por las agrupaciones políticas”, agregó el ministro.

Fujimori, que pedía una auditoría “como se realizó en Bolivia” tras los cuestionados comicios de 2019, descargó su artillería en las redes sociales contra el presidente interino centrista, Francisco Sagasti, tras la negativa oficial.

“El presidente Francisco Sagasti ha abdicado de su gran responsabilidad de garantizar elecciones limpias en igualdad de condiciones”, tuiteó la hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, quien deberá ir a juicio por lavado de dinero en caso de perder estas elecciones.

De antemano parecía improbable que el gobierno accediera al pedido de Fujimori, puesto que los observadores electorales de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijeron que los comicios peruanos fueron limpios y sin “graves irregularidades”.

También Estados Unidos declaró que se trató de “elecciones libres, justas, accesibles y pacíficas”, que constituyeron un “modelo de democracia en la región”.

Los órganos electorales peruanos han estado en la mira del fujimorismo, que busca que el balotaje sea anulado y se convoque a nuevos comicios, aunque sin aportar pruebas contundentes sobre el supuesto fraude.

El conteo del órgano electoral (ONPE), que llegó al 100% hace dos semanas, dio a Castillo 50,12% de los votos contra 49,87% para Fujimori, una ventaja de apenas 44.000 votos.

Pero la palabra final la debe dar el jurado electoral, que no tiene plazo perentorio para proclamar al vencedor.

El informe de auditoría de la OEA sobre las elecciones de 2019 en Bolivia concluyó que hubo “manipulación dolosa”.

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