Su única petición es que haga justicia, pero lograrlo parece difícil en un país donde 94% de los delitos contra las mujeres quedan impunes, según Conavim, un ente gubernamental que trabaja en su prevención.

“Si la autoridad lo suelta, ¿a dónde voy a ir a protegerme? ¿Dónde me voy a esconder, si me tiene amenazada de muerte? ¿Dónde están las autoridades que lo deben proteger a uno?”, dice Oliva, de 58 años, a la AFP.

La mujer se mueve lentamente con ayuda de un caminador por los golpes de su expareja, que le dejaron moretones en los brazos, pero también el firme deseo de que haya castigo.

Su caso es apenas uno de los miles de una tragedia que no se detiene.

El gobierno reportó 423 feminicidios entre enero y mayo pasado, un aumento de 7,1% frente a igual período de 2020, que cerró con 967 casos.

El camino de Oliva para llegar a la audiencia fue difícil.

Con voz cansada, cuenta que los policías del central Estado de México redujeron el ataque a un pleito de pareja y no le tomaron una declaración completa.

Pero con ayuda de una activista, el lento aparato de justicia comenzó a moverse.

Sorprendido de verla con andadera, el juez observó fotos de los golpes y mensajes amenazantes del agresor y su familia.

“¿Qué está esperando la justicia? ¿Que me mate?”, cuestiona. El hombre quedó bajo arresto preventivo.

“Se duda de nuestra palabra”

En una cárcel del este de la capital, Daniela Sánchez acompaña a una mujer a una audiencia contra su agresor.

Empleada gubernamental de 37 años, la propia Sánchez busca justicia por el maltrato físico y psicológico que asegura haber recibido por años de su expareja. Siente enfrentarse a un muro de impunidad.

“Desde el primer momento en que nos acercamos a ellos (las autoridades), se duda de nuestra palabra, de las marcas de nuestros cuerpos”, afirma Daniela tras desplegar una pancarta y exigir castigo con un megáfono.

Para Fátima Gamboa, codirectora de la organización civil Equis Justicia, México carece de una institucionalidad capaz de “responder ante un fenómeno tan complejo, multifactorial y cultural como la violencia contra las mujeres”.

En un análisis de 120 sentencias de todo el país, esta oenegé encontró que en más del 80% de los casos los jueces no se pronunciaron sobre la violencia de género, ni analizaron si persistían las condiciones de riesgo, por lo que no dictaron medidas de protección para las víctimas.

“No es una impartición de justicia con perspectiva de género”, indica Gamboa.

El gobierno ha desplegado varias iniciativas para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, como los Centros de Justicia -que, sostiene, han asesorado a 100.000 personas este año-, o los refugios para mujeres en riesgo.

También da seguimiento especial a dos centenares de homicidios. En Ciudad de México, en tanto, todos los asesinatos de mujeres se investigan inicialmente como feminicidios.

Batalla “desgastante”

Para Gris, de 34 años, el proceso contra su expareja ha sido agotador. Alcoholizado, el hombre irrumpió en la pequeña cocina que formó con otras mujeres para huir del desempleo y la violencia machista, acentuados durante la pandemia de covid-19.

Según la denuncia, el agresor las golpeó y destruyó el mobiliario.

Desde entonces, Gris -quien prefiere no dar su nombre completo- se siente decepcionada de la justicia.

“Es triste, desgastante, anda uno sin comer, no pruebas bocado porque estás pensando ‘¿qué va a suceder’? o ‘no me muevo de aquí para que el proceso sea más rápido, para que nos hagan caso'”, refiere desde una nueva cocina que el grupo levantó con esfuerzo y donaciones.

La lista de quejas es larga: la policía tardó 45 minutos en llegar, el agresor sigue libre y el caso se clasificó como violencia intrafamiliar.

Chío, otra de las cocineras, se pregunta lo mismo que Oliva y Sánchez: “¿Qué se necesita en este sistema para que realmente puedan iniciar una investigación con dignidad hacia las mujeres?”.

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