La justicia peruana evalúa este lunes un pedido fiscal para que ordene nuevamente prisión preventiva contra la candidata derechista Keiko Fujimori por infringir la prohibición de reunirse con testigos del caso Odebrecht, mientras Perú espera que el Tribunal electoral resuelva impugnaciones y proclame al vencedor del balotaje presidencial.
La audiencia judicial se realizará de manera virtual, debido a la pandemia de covid-19, a partir de las 15h00 (20h00 GMT) con participación de Fujimori y su defensa, y del fiscal anticorrupción José Domingo Pérez, indicó la Corte Superior Nacional a través de su cuenta en la red social Twitter.
El requerimiento de la fiscalía acapara la atención nacional pues el país está en vilo a la espera de la decisión del jurado electoral que revisa la impugnación de miles de votos presentada por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, que favorecerían a su rival izquierdista Pedro Castillo.
El conteo del órgano electoral (ONPE), que llegó el martes al 100% de mesas, otorgó a Castillo el 50,12% de los votos sobre el 49,87% de Fujimori. La diferencia es de apenas 44.058 votos.
Fujimori confía en revertir el resultado del balotaje del seis de junio, pero la decisión del tribunal electoral podría demorar una semana más.
Mientras tanto, la tensión crece en las calles del país donde miles de partidarios de ambos los aspirantes marcharon el sábado para defender sus votos dos semanas después de los comicios.
El fiscal anticorrupción solicitó el 11 de junio “revocar la comparecencia con restricciones (libertad condicional) por prisión preventiva para Keiko Fujimori Higuchi” en el marco del caso de presunto lavado de activos por aportes de Odebrecht para sus campañas de 2011 y 2016.
“No hay ningún temor de que se concrete esta prisión preventiva”, dijo Fujimori al reaccionar al pedido del fiscal, negando haber incumplido reglas de conducta impuestas por la justicia.
La candidata, que debe ir a juicio por este caso este año si no gana la Presidencia, permaneció 16 meses en prisión preventiva hasta mayo de 2020.
La fiscalía pidió 30 años y 10 meses de prisión para Fujimori Higuchi, que es investigada por los delitos de lavado de activos agravado por organización criminal y obstrucción de la justicia.
El 30 de abril de 2020, el Poder Judicial le revocó la orden de prisión preventiva y dispuso que cumpla comparecencia con restricciones, entre ellas no comunicarse con los coimputados o testigos del caso.
“Se ha determinado nuevamente que la acusada Fujimori Higuchi incumple con la restricción de no comunicarse con los testigos; pues, se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, argumentó el fiscal en su solicitud al Juzgado.
Fujimori, de 46 años, se presentó el ocho de junio en una rueda de prensa en Lima para pedir al Tribunal Electoral la nulidad de 802 actas -unos 200.000 votos-, donde estuvo acompañada de Torres Morales en calidad de asesor.
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