El jefe de redacción, Ryan Law, y el director ejecutivo, Cheung Kim-hung, están acusados de “colusión con un país extranjero o con elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional”, a raíz de una serie de artículos que, según la policía, pedían sanciones internacionales.

Al rechazar el pedido de liberación bajo fianza, el juez Victor So estimó que no había motivos suficientes “para que el tribunal piense que los acusados no continuarán cometiendo actos que pongan en peligro la seguridad nacional”.

Los dos hombres seguirán entonces encarcelados hasta su próxima comparecencia ante el tribunal el 13 de agosto, ya que los fiscales declararon a la policía que necesitan más tiempo para examinar más de 40 ordenadores y 16 discos duros confiscados de la sala de redacción durante el allanamiento al periódico el jueves.

Es la primera vez que la ley de seguridad impuesta por Pekín el año pasado para acabar con la disidencia se aplica contra las opiniones políticas publicadas por un medio de comunicación de la excolonia británica.

Apple Daily y su propietario encarcelado Jimmy Lai han sido durante mucho tiempo un estorbo para Pekín por su apoyo al movimiento prodemocracia y por sus críticas cáusticas a los líderes autoritarios de China.

En el operativo del jueves, en el que participaron más de 500 policías, fueron detenidos cinco directivos. Law y Cheung fueron acusados el viernes, mientras que los otros tres quedaron en libertad bajo fianza en espera de más investigaciones.

“Continuaremos publicando nuestro diario mañana”, declaró la redactora en jefa adjunta Chan Pui-man, liberada bajo fianza el viernes, en la puerta del tribunal.

Decenas de simpatizantes hicieron fila para conseguir un asiento en el tribunal el sábado por la mañana, incluidos muchos empleados presentes y pasados del periódico.

Una, que dijo apellidarse Chang, afirmó que tanto ella como otros muchos empleados de Apple Daily viven “cada día como si fuera el último” que trabajan para el periódico.

“Al principio, las autoridades dijeron que la ley de seguridad nacional solo apuntaría a unas pocas personas. Pero lo sucedido nos demostró que son sandeces”, declaró a la AFP.

Otra periodista, que se identificó como Theresa, cree que los problemas legales de Apple Daily son una advertencia.

“Creo que lo que le ha ocurrido hoy a Apple Daily puede eventualmente sucederle a todos los demás medios de comunicación de la ciudad”, afirmó.

Libertad de prensa, en horas bajas

Varios medios internacionales tienen sedes regionales en Hong Kong, atraídos por las normativas favorables a los negocios y las disposiciones sobre libertad de expresión incluidas en la miniconstitución de la ciudad.

Pero muchos se preguntan ahora si tienen un futuro allí y elaboran planes de contingencia.

La situación de la prensa local todavía es peor y las asociaciones de periodistas afirman que los reporteros tienen que autocensurarse cada vez más.

Hong Kong no para de caer en la clasificación anual de libertad de prensa de Reporteros sin Fronteras, pasando del puesto 18 en 2002 hasta el 80 este año.

China continental ocupa el puesto 177 de 180, solo por encima de Turkmenistán, Corea del Norte y Eritrea.

Las autoridades chinas y de Hong Kong sostienen que los arrestos no fueron un ataque a los medios de comunicación.

Esta semana, el secretario de Seguridad John Lee describió a Apple Daily como un “sindicato criminal”.

La supervivencia de este medio abiertamente prodemocracia no está clara.

Su propietario Lai, de 73 años, cumple varias condenas de cárcel por su participación en manifestaciones prodemocráticas en 2019.

También fue acusado en virtud de la ley de seguridad nacional y se le congelaron sus activos en Hong Kong.

Las autoridades congelaron el jueves 18 millones de dólares de Hong Kong (2,3 millones de dólares, 1,9 millones de euros) de los activos del medio.

La policía también prevé procesar a tres compañías propiedad de Apple Daily bajo la ley de seguridad, de modo que el periódico podría acabar multado o prohibido.

Es la primera vez que unas compañías, en vez de un individuo, se enfrentan a una investigación de seguridad nacional.

Mark Simon, un consejero de Lai que vive en el extranjero, consideró que el periódico tendría dificultades para pagar a sus aproximadamente 700 empleados. Los abogados averiguan el alcance de la orden de congelación de activos, añadió.

“El dinero no es un problema, las órdenes draconianas de Pekín a través de la NSL (ley de seguridad nacional) son el problema”, dijo a la AFP.

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