La fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, pidió este lunes a los jueces del tribunal que autoricen una investigación sobre las versiones de que la policía filipina mató a miles de civiles entre 2016 y 2019.

Duterte, elegido en 2016 con la promesa de liberar al país de su problema de drogas, ordenó abiertamente a la policía matar a sospechosos de traficar drogas cuando sus vidas estuvieran en peligro.

“El presidente nunca va a cooperar hasta el fin de su mandato, el 30 de junio de 2022”, declaró el portavoz Harry Roque a periodistas, tras reiterar que el TPI no tiene jurisdicción sobre Filipinas, que se retiró de ese foro.

Filipinas salió del TPI en 2019 luego de que la corte iniciara una evaluación preliminar sobre la guerra contra las drogas. Bensouda dijo que sí puede investigar crímenes cometidos cuando el país era miembro.

“La información disponible indica que miembros de la Policía Nacional Filipina, y otros que actuaban con ellos, mataron ilegalmente a varios miles y decenas de miles de civiles” durante el período investigado, aseguró Bensouda, en una de sus últimas actividades antes de dejar el cargo esta semana.

Roque rechazó esa versión y afirmó que es “un insulto a todos los filipinos” decir que el sistema judicial del país no funciona.

“Nos compararían con países como Darfur, lugares donde no hay un gobierno funcional. Eso no está bien”, declaró.

Sostuvo que “se observaron medidas apropiadas de fuerza y violencia” en los casos de muertes.

La represión a las drogas es una de las principales iniciativas políticas de Duterte, quien la defiende con fuerza, especialmente frente a críticas de dirigentes e instituciones occidentales.

Más de 6.000 personas han muerto en más de 200.000 operativos antidrogas realizados desde julio de 2016, según datos oficiales.

Organizaciones de derechos humanos dicen que el número de víctimas podría ser varias veces mayor.

Estos grupos recibieron con beneplácito la solicitud de Bensouda, que Amnistía Internacional calificó como “un paso histórico”.

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