Ocho días después de los comicios, el JNE está bajo críticas desde el bando fujimorista, mientras su presidente, Jorge Luis Salas, advirtió que resolver las impugnaciones de mesas de sufragio completas toma “algún tiempo mínimo”, sin dar una fecha para divulgar el veredicto.

Fujimori, quien deberá ir a juicio por supuesto lavado de dinero si no gana la presidencia, denunció “fraude” y alcanzó a pedir dentro del plazo legal al JNE que anule los votos de 151 mesas de sufragio de las 802 que pretendía, aunque para los observadores de la OEA la votación fue limpia y “sin graves irregularidades”.

“Vamos a defendernos con todas las medidas que nos permite el estado de derecho”, afirmó Fujimori en un video divulgado este lunes, en el que anunció que un exjefe del Tribunal Constitucional, el abogado Oscar Urviola, se hará cargo de su “defensa frente a todos los órganos competentes”.

Además, la abogada del partido fujimorista Fuerza Popular, Milagros Takayama, pidió este lunes hacer una “auditoría” al proceso de digitalización de las actas de las mesas de sufragio, en un nuevo cuestionamiento al órgano electoral (ONPE). En tanto, Castillo, que solo impugnó 14 mesas ante el JNE, pide “serenidad” a sus partidarios, al sentirse vencedor.

La ONPE organiza los comicios y cuenta los votos, mientras que el JNE resuelve las impugnaciones y proclama al ganador.

Bachelet teme “fractura social”

La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación este lunes por la tensión en Perú tras las elecciones.

“Me preocupa ver cómo lo que debería ser una celebración de la democracia se está convirtiendo en un foco de división, que está creando una fractura cada vez mayor en la sociedad peruana”, afirmó Bachelet en un comunicado.

El último cómputo de la ONPE da a Castillo una ventaja de 48.000 votos (50,13% versus 49,86% de Fujimori) con el 99,94% de las mesas escrutadas, por lo que ahora todo el proceso depende de lo que resuelva el JNE para proclamar al vencedor.

El JNE, que revisa las impugnaciones desde el jueves, no tiene plazo perentorio para pronunciarse, pero los analistas creen que debe apresurarse para acabar con la incertidumbre, que alimenta la crispación en el país.

En una audiencia pública, el JNE revisó este lunes 10 actas de mesas impugnadas, pero se ignora cuantas del total de 165 quedan por resolver.

“Esta es una semana decisiva, porque el JNE no puede aguantar mucho más [en entregar su veredicto]. Hay gente de ultraderecha pidiendo anular la elección, pero eso rompería el orden democrático, porque todos sabemos que ha ganado Castillo”, dijo a la AFP el analista Hugo Otero.

“Si el jurado no se manifiesta pronto, se amplía el impacto de los grupos que quieren anular la elección, lo que sería desconocer la voluntad popular”, añadió.

La incertidumbre es tal que si el proceso se prolonga hasta el 28 de julio, cuando expira el mandato del presidente interino Francisco Sagasti, el jefe del Congreso entrante podría asumir la presidencia y convocar nuevas elecciones, comentó el exlegislador Víctor Andrés García Belaunde el domingo a un canal local.

“Esta semana es crítica por varios factores, la credibilidad del JNE y la ONPE está en entredicho, lo que se agregaría al clima social y político contaminado por esta tensa y larga espera”, dijo a la AFP la analista y académica Jessica Smith.

Proclama de generales

El Ministerio de Defensa aclaró este lunes que una proclama suscrita por 64 generales y almirantes retirados que -en sintonía con las denuncias de Fujimori- cuestiona a los órganos electorales y pone en duda la limpieza de los comicios, “no representa a las Fuerzas Armadas”.

Asimismo, el ministerio indicó en un comunicado que los militares jubilados “han utilizado indebidamente los emblemas de las instituciones armadas”, por lo que iniciará acciones legales contra ellos.

Entre los firmantes de la proclama figura el exdictador Francisco Morales Bermúdez, de 99 años, quien gobernó en 1975-1980.

Fujimori y su causa judicial

Un fiscal anticorrupción pidió el jueves prisión preventiva para Fujimori, por supuestamente infringir las reglas de su libertad condicional por el caso de aportes ilegales del gigante de la construcción brasileño Odebrecht.

La solicitud del fiscal, que será resuelta por un tribunal el 21 de junio, echó más leña a la hoguera en medio del lento escrutinio, en un país sumido en convulsiones políticas que tuvo tres presidentes en cinco días de noviembre de 2020.

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