La filial francesa de Ikea y uno de sus antiguos directores generales fueron respectivamente multados con un millón de euros (1,2 millones de dólares) y condenados a penas de prisión en suspenso por espiar a varios cientos de empleados entre 2009 y 2012.
El tribunal penal de Versalles los declaró culpables de robar datos personales por medios fraudulentos, pero los condenó a penas menores que las solicitadas por el fiscal, que los había acusado de “espionaje masivo”.
La fiscalía había pedido una multa de dos millones de euros para la filial francesa de Ikea y una pena de prisión firme para el expresidente y director general de la sociedad, Jean Louis Baillot.
A lo largo del juicio que duró dos semanas en marzo pasado, Baillot, a cargo de la compañía desde 1996 hasta 2002, negó por completo haber ordenado espiar a empleados. Este martes, fue condenado a dos años de prisión en suspenso y una multa de 50.000 euros.
Baillot fue absuelto de varios cargos, entre ellos violación del secreto profesional.
El sucesor de Baillot, Stefan Vanoverbeke, expresidente y director general de Ikea Francia de 2010 a 2015, fue absuelto, como lo había pedido la fiscalía, porque no había hallado “material de prueba” en su contra.
Revelado por la prensa e investigado en 2012, este caso puso al descubierto un sistema de vigilancia de los asalariados, e incluso de los clientes, que iba desde sus antecedentes penales hasta su modo de vida, pasando por su patrimonio.
Además de Ikea Francia, quince personas se sucedieron en el estrado para contar su versión de los hechos, entre ellos exdirectivos, directores de tiendas, así como funcionarios de policía y el jefe de una empresa de investigación privada.
Los acusados comparecieron por hechos cometidos entre 2009 y 2012, aunque estas prácticas ilegales se remontan a principios de los años 2000, según la fiscal, que lamentó que sólo tres años hayan sido retenidos en este expediente por cuestiones de prescripción.
En el centro del “sistema” de vigilancia estaba el exjefe de seguridad de Ikea Francia de 2002 a 2012, Jean-François Paris, que reconoció “controles masivos” de empleados. Fue condenado a 18 meses de prisión en suspenso y una multa de 10.000 euros.
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