Estas acciones le habrían generado al país, entre 2018 y 2020, pérdidas por unos 78.000 millones de colones, equivalentes a unos 125 millones de dólares. Es “uno de los [casos] más importantes que hemos realizado en los últimos meses”, dijo el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Wálter Espinoza, que lideró la operación.

En el allanamiento a la Casa Presidencial fue intervenida la oficina de Camilo Saldarriaga, un asesor del presidente Carlos Alvarado. La vivienda del funcionario también fue allanada.

Saldarriaga, quien alegó inocencia, no fue aprehendido, pero presentó su renuncia para afrontar el proceso. Tenía a su cargo supervisar la ejecución del presupuesto nacional, y coordinaba con la Tesorería Nacional las transferencias a instituciones como el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), una de las implicadas en la investigación.

“Al igual que ustedes siento una enorme indignación, molestia y rabia por los hechos de corrupción por contratos de obra pública con sobornos ofrecidos por empresas constructoras a funcionarios de Conavi y presuntamente otros entes”, dijo el presidente Carlos Alvarado en un mensaje a los costarricenses.

“Es mi deseo (…) que se llegue al fondo del asunto y se sienten las responsabilidades y sanciones, recaigan sobre quienes recaigan (…)”, añadió el mandatario.

“No conocemos el detalle de los hechos (…) La Presidencia no tiene participación en la adjudicación de obra pública. Hemos dado y daremos nuestro apoyo en pleno a toda la gestión en la investigación”, agregó.

Esquema de sobornos

Durante la operación, liderada por el OIJ, que depende de la Fiscalía, se realizaron 57 allanamientos, tanto a entidades públicas como a domicilios particulares.

“Identificamos un esquema de sobornos, un esquema de regalías y pagos indebidos dirigidos a funcionarios públicos patrocinados por empresas privadas (…) Incluso, había un sistema de intermediación entre empresas privadas y funcionarios que permitía la entrega de sobornos y el ulterior lavado y ocultamiento de esos movimientos”, expuso Espinosa, el director de la OIJ.

Según información oficial, se detuvo a 28 sospechosos, entre ellos dos de los dueños de las constructoras más importantes del país.

La policía ingresó a 14 instituciones públicas, entre ellas la Casa Presidencial, el Conavi, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo de Transporte Público (CTP), entre otros; a múltiples oficinas de empresas privadas; además de a 21 casas de personas vinculadas a la presunta red.

“Hubo una denuncia hacia un grupo de funcionarios públicos que irregularmente favorecían a algunas empresas y que lo hacían para obtener beneficios en el ámbito de mantenimiento, desarrollo y construcción de carreteras”, apuntó Espinoza.

“Esas empresas tenían monopolio de adjudicaciones y licitaciones públicas porque contaban con un apoyo de funcionarios que daban beneficios irregulares”, añadió el jefe de la OIJ. Entre los favores se incluyen autos, terrenos, dinero en efectivo, entre otros.

Los delitos que se investigan son peculado, cohecho, falsedad ideológica, malversación de fondos, asociación ilícita y tráfico de influencias.

Firmas constructoras

Algunos de los detenidos son parte de la empresa MECO S.A., firma de capital costarricense pero con importante presencia en obras de infraestructura pública y privada en Nicaragua, Panamá, El Salvador y Colombia.

Tres de los arrestos, inclusive, se realizaron en las oficinas de MECO, en la localidad de La Uruca, en la capital costarricense de San José.

Desde 2019, la Fiscalía costarricense les abrió un proceso por oponerse a la Ley contra la Delincuencia Organizada e, incluso, tenían sus teléfonos intervenidos hace más de un año, según detalla la orden de allanamientos de recintos del caso.

“Constructora Meco está en la mejor disposición de colaborar con el Ministerio Público facilitando y entregando la información y la documentación requerida sobre el caso”, dijo la empresa en un comunicado.

Otros de los aprehendidos son parte de la constructora H. Solís, una de las más reconocidas en Costa Rica en cuanto a licitaciones estatales.

La Casa Presidencial ya había sido allanada en una ocasión. En febrero de 2020, las autoridades ingresaron a sus ambientes como parte de las investigaciones sobre el posible acceso ilegal a información sensible de la población a través de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

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