Los jóvenes sienten el asedio de policías que en el día reprimen y en la noche, cuando “pueden andar de civil”, disparan, según los testimonios de ‘Rojo’ y otros 12 miembros de la llamada resistencia, recogidos por la AFP en tres puntos de la movilización que completa casi mes y medio.

Fuera de las trincheras, se señala al narco de estar minando la protesta exasperado con los bloqueos que merman su actividad.

Los ataques vienen desde “camionetas blindadas” que en la oscuridad se acercan a las barricadas. “Por eso somos los zombis, los que no dormimos”, afirma el hombre de 33 años que se protege bajo ese apodo por miedo a represalias. Cuando retira la máscara antigás, su rostro revela las noches en vela.

‘Rojo’ está en Puerto Resistencia, uno de los puntos más activos de la protesta en Cali, tercera ciudad del país con 2,2 millones de habitantes.

Empobrecida por la pandemia, la clase media explotó el 28 de abril en las calles cuando el presidente Iván Duque quiso elevar impuestos. Aunque el mandatario retiró la propuesta, la represión encendió un movimiento contestatario sin precedentes que deja al menos 61 fallecidos. Solo en Cali hubo 18 muertes la primera semana.

La Defensoría del Pueblo, que documentó los casos, sostiene que la fuerza pública está presuntamente implicada en ocho de los homicidios, mientras la policía cuenta un muerto y 17 heridos por bala en sus filas.

Cuando todos comenzaron a disparar, el gobierno ordenó el despliegue de tropas para apoyar a la policía, que ha sido denunciada por múltiples abusos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de visita extraordinaria en Colombia hasta el viernes.

Islotes de anarquía –

A pesar de que abundan los videos virales sobre camionetas de alta gama desde donde se supone que se abrió fuego contra manifestantes, la policía no ha recibido denuncias.

“La gente no está confiando en la institucionalidad”, reconocen dos oficiales bajo reserva.

Según una fuente médica, que atendió cinco ataques nocturnos y que solicita no ser identificada por amenazas, los heridos piden no ser llevados a hospitales para no ser “judicializados”.

De día, impera la calma en el campamento de Puerto Resistencia. Los muchachos juegan voleibol y los vecinos curiosean en la pequeña biblioteca que levantaron los manifestantes en una destruida estación de policía.

Pero cuando anochece en los alrededores de estos “islotes de anarquía”, nombrados así por el gobierno, el hostigamiento policial es permanente: requisas que terminan en golpizas, humillaciones, detenciones arbitrarias.

La oenegé Human Rights Watch (HRW) denunció la brutalidad policial y habla de hasta 20 homicidios a manos de agentes estatales en todo el país.

Aquí “todos estamos dispuestos a poner la vida”, explica ‘Byron’, de 30 años y quien lleva el rostro tapado y escudo de latón. “Hemos estado rebelados prácticamente por la falta de oportunidades (…) Cada día es más difícil comer”, añade.

Algunos de los que trasnochan en la “primera línea” de acción aseguran tener armas para repelar los ataques, otros muestran escudos improvisados, palos y piedras.

La mano del narco

Una autoridad civil, un líder barrial y un funcionario de derechos humanos creen que la violencia no solo proviene de agentes estatales. Los tres, que pidieron reserva ante la gravedad de la crisis, coinciden en que el narcotráfico también decidió reprimir la protesta.

Los pasadores o distribuidores de droga se han visto afectados por la semiparalización de la ciudad. Los clientes de la mafia ya no entran a los barrios por temor a los disturbios.

Ante esta situación, algunos se han infiltrado en campamentos “para cometer delitos, como el tráfico, el consumo, todo lo que tiene que ver con los estupefacientes”, afirma el general Juan León, comandante de policía local.

Varios de los 10 bloqueos que asfixian a Cali están en las “fronteras invisibles” que impusieron las pandillas en una de las ciudades con mayor tasa de homicidios en el mundo: 47,9 por 100.000 habitantes en 2020.

Pero estigmatizar a las manifestaciones sería un “error histórico”, advierte el alcalde Jorge Iván Ospina.

Los manifestantes tienen entre 15 y 35 años. Son trabajadores informales, estudiantes o profesionales sin empleo a causa de la pandemia que arrojó a 3,5 millones de colombianos a la pobreza.

Esos “jóvenes (…) siempre han sido carne de cañón” de grupos ilegales, pero ahora cuentan con el respaldo de las clases populares ya que “la pandemia les hizo sentir que la causa era común”, explica el arzobispo Darío Monsalve.

El gobierno, que aún no consigue acuerdo con los manifestantes, intenta terminar a la fuerza con los bloqueos. Pero “si los vecinos no encuentran una solución” de fondo a sus problemas, “es una cuestión de días, de horas y de meses para que volvamos a tener” nuevos cortes de ruta, señala Ospina.

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