Esta modificación llega en medio de la represión del movimiento de protesta que discute la reelección del presidente en 2020, y que ha llevado al encarcelamiento o al exilio forzado a cientos de opositores y periodistas.

Un manifestante que haya participado en más de dos concentraciones no autorizadas puede ser castigado con hasta tres años de cárcel, según la reforma publicada este martes en el portal jurídico oficial.

El texto también introduce penas para luchar contra el extremismo: hasta seis años de cárcel por participar o promover “actividades extremistas” o hasta cinco años para una persona condenada por financiarlas.

El medio independiente Tut.by señala que la definición de “extremismo” en este caso es “amplia” y no permite definir qué actividades concretas son punibles.

En Rusia, aliado de Lukashenko, las acusaciones de “extremismo” son utilizadas para perseguir a organizaciones opositoras, como la del militante anticorrupción Alexéi Navalni, pero también a grupos ultranacionalistas y movimientos religiosos.

La reforma legal aumenta de seis hasta siete años de cárcel la pena máxima por “violencia o amenaza de uso de la violencia” contra las fuerzas del orden, y fija en tres años el delito de “resistencia” a la policía.

En los últimos meses, estos tipos penales sirvieron para imponer altas condenas a numerosos manifestantes.

El régimen también añadió un nuevo artículo en el código penal que castiga con hasta cinco años la publicación de informaciones personales de agentes de policía, una práctica empleada ampliamente en 2020 por la oposición para identificar a policías antidisturbios violentos.

Por último, la nueva ley eleva de dos a cuatro años de cárcel la pena máxima por publicar informaciones “falsas” sobre Bielorrusia.

A finales de mayo, otra norma había prohibido a los periodistas cubrir manifestaciones consideradas “ilegales”.

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