La economía peruana, que se hundió 11,12% en 2020 por la pandemia, sigue dependiendo de la minería para crecer, mientras acumula distorsiones por la informalidad laboral, la corrupción y las instituciones débiles.

Y el país tiene en los altos precios del cobre, su principal exportación, una nueva oportunidad para catalizar el crecimiento económico.

“El marco legal actual es bueno y eso ha permitido un despegue de la inversión privada nacional y extranjera en 25 años”, dice a la AFP Diego Macera, gerente general del Instituto Peruano de Economía y graduado en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago.

“El problema es el cumplimiento de las leyes. La baja institucionalidad general tiene como consecuencias conflictos sociales alrededor de proyectos mineros significativos”, agrega.

Los conflictos por la minería representan 41% del total de conflictos sociales del país, según la Defensoría del Pueblo (ombudsman). Es una situación que Perú no puede permitirse si quiere que su economía vuelva a crecer, según el economista.

“Mezcla de debilidad”

Para el exministro de Economía Alonso Segura, “el gran tema de Perú es la informalidad en múltiples dimensiones, porque es una mezcla de debilidad institucional con ineficiencias de productividad”.

Un reflejo de la débil institucionalidad política es que hubo tres presidentes en cinco días en noviembre de 2020, mientras que en el ámbito económico, más del 70% de los trabajadores son informales, según las estimaciones del Gobierno.

“Un gran porcentaje de personas están empleadas en empresas pequeñas y medianas que son en su mayoría poco productivas, generan pocos excedentes, no pagan impuestos y se mueven en un mundo de baja calidad del empleo”, dice Segura.

“La informalidad tiene como consecuencia que no haya protección contra el desempleo, que haya riesgos de pobreza durante la vejez y que tengamos un sistema de salud precario. Los trabajadores en Perú no cuentan con una estructura de protección social efectiva”, indica Macera.

“Cáncer desde la colonia”

Otro grave problema en Perú es la corrupción en todos los niveles del Estado.

Cuatro expresidentes peruanos y la candidata derechista Keiko Fujimori quedaron bajo la lupa de la fiscalía por el escándalo de los aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht.

Este escándalo ha dado armas al candidato izquierdista Pedro Castillo, quien afirma que el fujimorismo es “sinónimo de corrupción”.

Keiko reconoce que hubo corrupción en el gobierno de su padre, Alberto Fujimori (1990-2000), pero promete combatir el flagelo si gana la presidencia.

“La corrupción es un cáncer presente desde la época colonial, pero en los últimos años, a raíz del escándalo Odebrecht, hay una conciencia mayor de qué tan extendida está”, dice Macera.

“No solo atañe a expresidentes, sino que es más prevalente en las obras públicas pequeñas de gobiernos locales o regionales”, sostiene.

Segura apunta que la corrupción “es un problema relacionado con la debilidad institucional, no hay respeto a las reglas del juego y tenemos gobiernos que son ineficaces”.

Además, “se necesita un mejor sistema de justicia, que también es propenso a la corrupción”.

Pobre gestión pública

Para Macera, la baja calidad de la salud, así como de la educación o la infraestructura, son el reflejo de una pobre gestión pública.

“Se han generado más ingresos, el presupuesto ha crecido pero la ejecución del gasto no ha ido a la par […]. Es una maquinaria que no produce más, no importa cuantos insumos agregues”, indica.

Ejemplo de la ineficiencia es la reconstrucción del norte de Perú tras el fenómeno climático “El Niño costero”, en 2017. Después de cuatro años de obras, apenas se ha ejecutado 40% de los 6.750 millones de dólares presupuestados.

Los economistas dicen que la ineficiencia se debe en parte a la distribución política de Perú .

“Perú tiene casi 2.000 municipios. El capital humano allí es pobre, como reflejo del país, y tiene gente que busca un cargo para negocios ilícitos”, indica el exministro Segura, quien cree que la gestión mejoraría con solo 500 municipios.

“No podemos dar presupuesta a 1.900 distritos para que hagan obras, porque se convierten en programas de generación de empleo en obras de pésima calidad”, sentencia.

Macera coincide en que la existencia de tantos municipios “ha tenido muchas fallas en la provisión de servicios públicos” y ha favorecido actos de corrupción.

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