En su conexión semanal por Facebook, Bolsonaro dijo que Salles, de 45 años, “es un ministro excepcional” y aseguró que tiene dificultades para desarrollar su labor por culpa de algunos sectores “interesados” de la Fiscalía y de los “chiítas ambientales”, como suele definir a las agencias estatales de control ambiental, como ICMbio e Ibama.

Por orden de un juez del Supremo Tribunal Federal (STF), tras ser detectado un “grave esquema criminal de carácter trasnacional” en el cual estarían “implicadas autoridades”, la Policía Federal (PF) allanó el ministerio de Medio Ambiente y otros inmuebles en Brasilia, el estado de Pará (norte) y Sao Paulo, entre ellos -según la prensa brasileña- la residencia de Salles en la capital económica de Brasil.

La justicia también autorizó el levantamiento del secreto bancario del ministro y ordenó separar del cargo a diez personas que ocupan posiciones de confianza en el ministerio y en el órgano de regulación ambiental Ibama, incluido su presidente, Eduardo Bim.

La operación desató de nuevo especulaciones de una eventual salida del ministro, uno de los más polémicos del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.

El gobierno de Bolsonaro, y en particular el ministro Salles, son acusados por indígenas, académicos y organizaciones ambientalistas nacionales e internacioales de haber favorecido el repunte de la deforestación, reduciendo los recursos de los organismos de control y preconizando la apertura de la región amazónica a actividades agropecuarias y mineras.

El ministro también es visto con malos ojos por sectores del agronegocio, por considerar que su política ambiental daña la imagen internacional de Brasil, una potencia agropexportadora.

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