A lo largo de un año, la Convención tendrá la tarea de confrontar la modernización del modelo ultra liberal que impulsó los positivos índices económicos de Chile que llevaron a hablar del “milagro chileno”, con el reclamo de igualdad social que llevó a la población a las calles en los últimos años.

Chile está inmerso en un tsunami político tras la irrupción en la convención constituyente de una mayoría de independientes de una amplia gama de visiones de izquierda, en desmedro de los representantes de los partidos políticos tradicionales tras la votación del pasado fin de semana.

El sorpresivo resultado despertó preocupación en el mercado, que el lunes reaccionó con un derrumbe de casi un 10% de la Bolsa de Comercio de Santiago, aunque luego ha normalizado sus ruedas, mientras el dólar tuvo una leve baja.

La llamada “Lista del Pueblo”, que nació entre los asistentes a las protestas sociales de 2019, logró 27 representantes. La derecha gobernante 37, mientras que otras dos listas de agrupaciones de la centro izquierda y la izquierda radical consiguieron 53 constituyentes, a los que suman otros independientes y 17 miembros de los pueblos originarios, configurando una asamblea de 155 integrantes, muy fragmentada, y en la que ninguna coalición logra por si sola el poder de veto.

La bases de la Constituyente establecen los 2/3 para las decisiones por mayoría.

“Varias cosas van a cambiar (en la nueva Constitución) sin ninguna duda, por la composición (de la Constituyente) y la ausencia de veto por parte de la derecha”, dijo a la AFP el economista de la Universidad de Santiago Gonzalo Martner.

“La historia muestra que este dominio de la izquierda radical no es un buen augurio para ninguna economía, no sólo para la chilena. Esta no sería una buena noticia en ninguna parte del mundo”, afirma de su lado el académico de la facultad de Economía y Empresa de la privada Universidad Diego Portales, Felipe Balmaceda.

Incertidumbre económica y esperanza social

Previo a la votación, los candidatos a constituyente centraron su agenda económica en algunos puntos que se hacen eco de las preocupaciones ciudadanas: poner fin a la privatización del agua; terminar con el modelo privado de pensiones individual, fuertemente cuestionado por entregar bajísimos retiros; y la forma en la que se explotan varios recursos naturales, sobre todo el litio y el cobre.

“En lo económico van a pasar cosas que son interesantes. Se va a consagrar, por ejemplo, como prioridad al consumo humano del agua y se va a consagrar la propiedad pública (del recurso). ¡Pero eso existe en todo el mundo, de qué drama estamos hablando!”, exclama Martner, un economista socialista que formó parte de los gobiernos de la Concertación, la coalición de centro izquierda que gobernó Chile 20 años tras el fin de la dictadura de Augusto Pinochet.

Martner integra el equipo económico del precandidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue.

De momento, el funcionamiento autónomo del Banco Central no figura como objetivo a cambiar.

“Se van a empujar reformas que son conocidas por haber fracasado en el mundo, como el sistema de (pensiones) reparto”, critica de su lado Balmaceda.

Para el economista jefe de Principal para Latinoamérica, Valentín Carril, “lo que puede generar dificultad es el gran número de independientes elegidos y poder alinearlos con ciertas partes de la Constitución. Eso significa mucha incertidumbre, porque no es un bloque monolítico”, afirmó en una entrevista con el Diario Financiero.

“Mi escenario base es que habrá incertidumbre hasta que termine la Convención Constituyente”, agrega, aproximadamente a mediados de 2022.

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