Al menos cinco manifestantes prodemocracia murieron este lunes en Birmania, donde la junta militar bloqueó las redes de datos móviles, lo que obligó a postergar una audiencia telemática de la exdirigente Aung San Suu Kyi.
Dos hombres y una mujer fueron abatidos por las fuerzas de seguridad y dieciséis personas resultaron heridas en Myingyan (centro), indicó a la AFP un habitante, que pidió el anonimato. Más al sur, en la región de Magway, otros dos hombres murieron, según otro testigo.
El balance no deja de aumentar con al menos 44 civiles muertos el domingo, la jornada de represión más sangrienta desde el golpe de Estado militar del 1º de febrero. En total, más de 120 personas han muerto en las últimas seis semanas, según la Asociación de Asistencia a Presos Políticos (AAPP).
El domingo, la tensión fue especialmente fuerte en Hlaing Tharyar, un suburbio industrial de Rangún, donde un grupo de asaltantes incendiaron varias fábricas chinas y 22 manifestantes fueron abatidos por las fuerzas de seguridad.
El lunes, China se declaró “muy preocupada” por la seguridad de sus ciudadanos en Birmania y el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, exhortó a las autoridades birmanas a tomar medidas para “evitar decididamente que tales incidentes se reproduzcan”.
Entretanto, la junta prosigue también su respuesta en el terreno judicial. La AAPP ha contabilizado más de 2.000 detenidos desde el golpe de Estado, entre ellos Auung San Suu Kyi, premio Nobel de la Paz 1991 y dirigente de hecho del gobierno birmano hasta el golpe, que está detenida en un lugar secreto.
Suu Kyi, de 75 años, tenía que comparecer ante la justicia por videoconferencia durante la mañana, pero la audiencia fue postergada por falta de conexión a internet, y se llevará a cabo el 24 de marzo, indicó a la AFP su abogado Khin Maung Zaw.
Suu Kyi está acusada de al menos cuatro delitos: importación ilegal de walkies-talkies, incumplimiento de las restricciones relacionadas con el coronavirus, violación de una ley sobre telecomunicaciones e incitación a disturbios públicos.
La junta la acusa también de corrupción al afirmar que había recibido 600.000 dólares y más de 11 kilos de oro de sobornos.
“Crímenes contra la humanidad”
Tras seis semanas de manifestaciones prodemocracia, los generales prosiguen su represión: más de 120 manifestantes han perdido la vida desde el 1º de febrero, según la ONG AAPP.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha denunciado la existencia de persecuciones, muertes, desapariciones forzosas, torturas y probables “crímenes contra la humanidad” perpetrados por el ejército.
“Los dirigentes de la junta no deben estar en el poder, sino detrás de los barrotes”, tuiteó el lunes Tom Andrews, relator especial de Naciones Unidas para Birmania, e instó a parar inmediatamente el “suministro de dinero y armas” a los militares.
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