Los países miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) eligieron el viernes a un abogado británico de 50 años, Karim Khan, como el nuevo fiscal general, un cargo de mucha exposición que a la saliente titular le valió sanciones de Estados Unidos.
Con 72 votos de los 122 emitidos en una segunda votación, Khan resultó elegido frente a otros tres candidatos: el español Carlos Castresana, el irlandés Fergal Gaynor y el italiano Francesco Lo Voi. El mandato del fiscal es de nueve años.
Especialista en derechos humanos, este abogado dirigió recientemente una investigación especial de la ONU sobre los crímenes del grupo Estado Islámico. Durante este proceso, apeló a juicios similares a los que fueron sometidos los líderes nazis en Nuremberg.
Khan remplazará el 16 de junio a la fiscal general saliente, la gambiana Fatou Bensouda, quien ha dirigido investigaciones controvertidas, en particular sobre el conflicto palestino-israelí y Afganistán.
El fiscal electo se ha desempeñado como abogado defensor en numerosos casos de la CPI, incluido el de Seif al Islam, hijo del exlíder libio Muamar Gadafi.
Primero esgrimió sus armas en derecho internacional en el antiguo Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, donde se desempeñó como asesor legal de la fiscalía.
Luego pasó a la defensa y representó al vicepresidente de Kenia, William Ruto, ante la CPI.
También fue abogado defensor del expresidente liberiano Charles Taylor ante un tribunal especial para Sierra Leona y abogado del Tribunal Especial para el Líbano con sede en La Haya, creado para llevar ante la justicia a los asesinos del ex primer ministro libanés Rafic Hariri en 2005.
La CPI, con sede en La Haya, tiene un total de 123 miembros de los 193 que integran las Naciones Unidas.
Estados Unidos, Rusia, China e Israel, entre otros, no forman parte de la CPI.
Este será el tercer fiscal de la Corte desde que fue creada en 2002. Tendrá que encarar expedientes kilométricos y casos complejos en un tribunal cuya legitimidad se pone en duda constantemente.
Sanciones “inaceptables”
Las primeras tareas del nuevo fiscal serán decidir sobre las próximas etapas en la investigación de los crímenes de guerra en Afganistán y de la polémica investigación sobre el conflicto israelo-palestino de 2014 en Gaza.
El año pasado, el gobierno del expresidente estadounidense Donald Trump impuso sanciones a Bensouda y a otro alto funcionario de la CPI -como una prohibición de viaje y la congelación de sus activos- por una investigación sobre presuntos crímenes de guerra estadounidenses en Afganistán.
Israel y Estados Unidos también se opusieron a otra investigación sobre presuntos crímenes de guerra que habrían cometido las fuerzas israelíes y grupos armados palestinos.
La semana pasada, los jueces de la CPI declararon que la corte es competente para abordar hechos ocurridos en los territorios palestinos ocupados, lo cual allana el camino para una investigación sobre crímenes de guerra.
El gobierno del nuevo presidente estadounidense, Joe Biden, no se ha pronunciado sobre si levantará las sanciones contra Bensouda, quien las considera “inaceptables”.
La gambiana deja el cargo con un balance desigual, aunque según algunos expertos ha ampliado el alcance de la CPI.
Durante su mandato, el expresidente de Costa de Marfil Laurent Gbagbo fue absuelto de crímenes contra la humanidad y el exvicepresidente de la República Democrática del Congo Jean-Pierre Bemba fue absuelto en apelación.
También se abandonaron los cargos de crímenes contra la humanidad contra el keniano Uhuru Kenyatta.
Sin embargo Bensouda obtuvo condenas contra Dominic Ongwen, un niño soldado ugandés convertido en comandante del Ejército de Resistencia del Señor (un grupo rebelde) y contra el jefe de guerra congoleño Bosco Ntaganda.
La CPI es el único tribunal permanente para crímenes de guerra en el mundo. Se le suele criticar por haberse centrado en casos de países africanos.
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