El mayor deseo de Valquiria Ferreira para 2021 es que el gobierno brasileño extienda la ayuda de emergencia con la que 68 millones de ciudadanos pobres como ella pudieron sobrellevar la pandemia desde abril. Pero su país está fiscalmente asfixiado y es difícil que se lo pueda permitir.
“Sin ese dinero hubiese pasado hambre. Si el gobierno no alarga la ayuda, no sé qué voy a hacer. 2021 será demasiado duro”, explica a la AFP esta mujer separada, de 35 años, que vive con sus tres hijos en Santa Luzia, una favela de Brasilia.
Su preocupación tiene fundamento. El martes recibió el último pago de la llamada ayuda de emergencia, uno de los programas de estímulo económico contra la pandemia más generosos del mundo, que ha beneficiado a un tercio de los 212 millones de brasileños con asignaciones iniciales de 600 reales (unos 115 dólares), reducidas a la mitad en septiembre.
Ferreira se quedará entonces sin ingresos a partir de enero, cuando la reactivación económica está todavía lejos (el gobierno proyecta una caída del PIB del 4,5% en 2020), el desempleo sigue en niveles récord y la inflación está en alza, estimulada en parte por esos miles de millones de reales que aumentaron el consumo de los más desfavorecidos.
Brasil, con más de 192.000 muertos por la pandemia (un balance superado solo por Estados Unidos), vive además un severo repunte de casos y fallecidos y se ha quedado rezagado en la carrera mundial por la vacuna.
Según datos enviados por la Fundación Getúlio Vargas (FGV/IBRE) a la AFP, la ayuda de emergencia sacó a 12,8 millones de brasileños de la pobreza (personas que viven con menos de 5,5 dólares al día) y a 8,8 millones de la pobreza extrema (con menos de 1,90 dólares al día).
Con el fin de la ayuda, la tasa de pobreza volverá a niveles levemente superiores a los de antes de la pandemia y la de pobreza extrema puede duplicarse.
Sólo 19,5 millones de brasileños seguirán recibiendo recursos de la ya existente Bolsa Familia, cuyo monto es mucho menor.
“Vamos a situarnos al borde de un abismo social”, alerta Marcelo Neri, director del Centro de Políticas Sociales de la FGV.
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