El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, que en las últimas semanas había moderado el tono de su permanente embate ideológico, se ha recluido aún más y despacha ahora desde su residencia afectado por la COVID-19, que siempre ha menospreciado. 

Bolsonaro, quien la víspera anunció que ha contraído un virus que en algún momento había calificado de "gripecita", a pesar de que ya infectó a 1,6 millones de brasileños y segó la vida de más de 67.000, mantuvo su agenda de este miércoles, mediante videoconferencias con algunos de sus ministros. 

Febril en las redes sociales, también ha publicado vídeos en los que, pese a las dudas que existen en el mundo científico, promueve el uso de un derivado de la cloroquina para tratar la COVID-19 y se muestra tomando el polémico antipalúdico. 

"A los que van en contra de la hidroxicloroquina, pero no dan otras alternativas, lamento informales que estoy muy bien usándola y con la gracia de Dios viviré aún por más tiempo", afirmó Bolsonaro. 

Fiel a su negacionismo, este mismo miércoles vetó 14 artículos de una ley aprobada por el Parlamento para contener la expansión de la pandemia entre los indígenas, que por sus precarias redes sanitarias son uno de los focos de preocupación en Brasil. 

Entre los puntos vetados, que según el Gobierno creaban pesados compromisos presupuestarios sin determinar su impacto fiscal, uno obligaba al Estado a garantizar el acceso de los indígenas "al agua potable" y otro establecía la "distribución gratuita de materiales de higiene, limpieza y desinfección en las aldeas". 

Sin embargo, casi al mismo tiempo, un juez del Supremo determinó que el Gobierno deberá, en un plazo de diez días, "elaborar un plan y crear barreras sanitarias en las tierras indígenas", en las que hay unos 12.000 contagios y cerca de 450 muertos. 

UN CONFLICTO DE PODERES EN PLENA PANDEMIA 

Antes de contraer el virus, el líder de la ultraderecha brasileña ya había entrado en conflicto con el Parlamento y la Corte Suprema, que actuaron como "reguladores" de medidas adoptadas por el Gobierno en línea con el desdén que Bolsonaro ha tratado laCOVID-19. 

Tanto las cámaras como el Poder Legislativo moderaron el tono de decisiones del presidente para intentar impedir cuarentenas y otras iniciativas que paralizaron virtualmente las actividades económicas, que según Bolsonaro serían "peores" que la propia pandemia. 

La firma postura de los otros dos poderes motivó manifestaciones de partidarios de Bolsonaro, que coparon las calles para exigir una desescalada, respaldados muchas veces por la presencia de su líder, pese a que llegaban a pedir una "intervención militar" para "cerrar" el Parlamento y la Corte Suprema. 

La escalada de ese conflicto institucional llegó al punto de que grupos radicales de ultraderecha alineados con Bolsonaro amenazaron en las redes sociales a jueces y parlamentarios y hasta simularon un "bombardeo" a la sede del Supremo con fuegos artificiales. 

EL "CLAN" BOLSONARO Y SUS ENREDOS JUDICIALES 

Esa situación ha coincidido con el avance de procesos judiciales que también ya habían sosegado un poco a Bolsonaro y afectan a tres de sus hijos que actúan en política: el senador Flavio, el diputado Eduardo y el concejal Carlos. 

En los tres casos, investigados por irregularidades diversas que son más serias en el caso del senador Flavio Bolsonaro, sospechoso de incurrir en actos de corrupción en la época en que era diputado regional en Río de Janeiro. 

Para más males, el propio mandatario está bajo investigación en el Supremo y en la Justicia Electoral. En el primer caso, por unas supuestas interferencias ilegales en la Policía Federal, y en el otro por supuesta difusión de "fake news" durante la campaña que le llevó al poder, en 2018. 

Bolsonaro ya había acusado el impacto de esas investigaciones y moderado algo su tono, al punto de buscar acercarse a partidos del centro ideológico, distantes de los grupúsculos de la ultraderecha en que se apoyo inicialmente y que exigen del Gobierno un combate frontal al COVID-19 que, ahora, mantiene al mandatario recluido.

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