Varias ciudades alemanas fueron este domingo escenario de manifestaciones contra el racismo, asunto que ha suscitado un amplio debate en el país, manteniendo estrictas medidas de higiene después de que una multitudinaria protesta en Berlín crease alarma por el riesgo de contagio.

En la capital alemana, la plataforma "Unteilbar" (Inseparables, en castellano) atrajo a por lo menos 8.000 personas, según las primeras estimaciones de la policía, en el marco de un "Día de Acción contra el Racismo y el Antisemitismo" que congregó a miles más por todo el país.

Para minimizar el riesgo de contagio en el contexto de la pandemia, los manifestantes formaron una cadena humana de nueve kilómetros de largo, desde la Puerta de Brandemburgo hasta el distrito multicultural de Neukölln, haciendo gala de una organización que fue elogiada por la policía de Berlín.

Los participantes fueron escrupulosos en el uso de mascarillas y formaron la cadena enlazándose con cintas para evitar darse la mano directamente, después de que tanto el ministro de Sanidad como el alcalde de Berlín hubieran instado a extremar precauciones.

Las imágenes del domingo pasado, cuando 15.000 manifestantes según la policía -más según los medios locales- se congregaron en la céntrica plaza de Alexanderplatz sin ningún tipo de medidas de protección para protestar por la muerte de George Floyd en EEUU causaron inquietud por su posible impacto en la cifra de contagios.

En los últimos días, la reanudación de prácticamente todas las actividades de la vida pública ha vuelto a incrementar el número de nuevos casos de Covid-19 en Berlín y el viernes se registraron 87 nuevas infecciones, la cifra más alta desde finales de abril.

CASOS AISLADOS O PROBLEMA ESTRUCTURAL

Las manifestaciones contra la violencia policial y el racismo en general se suceden en Alemania desde la muerte de George Floyd en EEUU, igual que en otros países a lo largo y ancho del globo, lo que ha desatado un amplio debate en la sociedad alemana.

Uno de los aspectos más discutidos en el ámbito institucional y político ha sido la propuesta de enmendar la Constitución para eliminar el término "raza" del artículo 3, que establece la prohibición de discriminar o privilegiar a nadie por sus características.

"Entre los seres humanos no hay, según la ciencia, más que una raza. No es acorde con los tiempos y debe ser modificado", declaró al respecto el diputado socialdemócrata Karamba Diaby, uno de los dos representantes negros que han ingresado hasta ahora en el Parlamento Federal.

Pero mientras que el co-gobernante Partido Socialdemócrata (SPD) apoya la iniciativa, al igual que Los Verdes, La Izquierda y el Partido Liberal, la Unión Cristianodemócrata de la canciller Angela Merkel mantiene por lo general que se trata de un debate semántico sin consecuencias reales.

Aunque el Gobierno alemán remachó en las últimas semanas que la lucha contra el racismo constituye un objetivo prioritario, la pregunta de si los incidentes racistas son actos individuales o más bien reflejan un problema estructural ha demostrado su gran capacidad de polarizar.

"RACISMO LATENTE"

Esto quedó de manifiesto con la polémica desatada después de que la co-líder del SDP Saskia Esken alertase de la existencia de un "racismo latente" en las filas de la policía alemana, declaraciones que fueron condenadas por el socio de gobierno de su partido y, en particular, por representantes de las propias fuerzas de seguridad.

A pesar de ello, un portavoz del Ministerio del Interior confirmó la semana pasada que el Ejecutivo tiene previsto comisionar un estudio científico sobre posibles tendencias racistas en la policía, siguiendo las recomendaciones de un informe del Consejo Europeo que advertía de indicios de "racial profiling".

Dicha práctica, consistente en el trato de ciudadanos como sospechosos en función de supuestos perfiles étnicos, se encuentra también en la base de la controvertida Ley Anti-Discriminación aprobada por la ciudad-estado de Berlín, que permite a los ciudadanos reclamar si han sido víctimas de discriminación por parte de una autoridad pública.

El Sindicato de Policía y el Ministerio del Interior sostienen que pone a las fuerzas de seguridad "bajo sospecha generalizada" y desatará un aluvión de denuncias falsas, mientras que organizaciones sociales y agrupaciones de migrantes celebran que de esta forma se haya cerrado un vacío legal.

Un ejemplo de estos casos es el testimonio de la berlinesa Vanessa Henke, que en los últimos días se volvió viral en redes sociales. En un vídeo, la joven de raíces africanas relata entre lágrimas cómo la cajera de una droguería la acusó de pagar con una tarjeta ajena al no creer que pudiera tener un nombre alemán.

Cuando Henke llamó a la policía tras media hora de discusión, uno de los agentes la acusó de mentir y amenazó con llevarla al calabozo, poniendo en duda que entendiese alemán, según el testimonio de la joven, apoyado por declaraciones de testigos en medios locales.

Tanto la cadena de droguerías y la policía de Berlín afirmaron que están investigando el caso.

Según un informe presentado la semana pasada por la Oficina Federal contra la Discriminación, los datos de 2019 reflejan un incremento del número de incidentes reportados y, con ello, "un problema persistente de discriminación racista", al que se suman las dificultades de los afectados para hacer valer sus derechos.

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