La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ordenó ayer a Myanmar (antigua Birmania) la aplicación de medidas cautelares para proteger a la minoría musulmana rohinyá de un supuesto genocidio cometido en el estado de Rakáin, al oeste del país.
El alto tribunal de la ONU decidió por unanimidad obligar a Myanmar a tomar "todas las medidas a su alcance" para prevenir crímenes contra los rohinyás en su territorio, como el asesinato de sus miembros.
El Ejército deberá evitar la comisión de otros delitos, como que los miembros de la minoría musulmana sean víctimas de "daños mentales o corporales" o se impongan medidas "que prevengan el nacimiento" de rohinyás.
La CIJ se alineó casi totalmente con la posición del denunciante, Gambia, que presentó su demanda en nombre de la Organización de Estados Islámicos basándose en un informe de la ONU que alertó de elementos en la actuación del Ejército de Myanmar desde agosto de 2017 que podrían definirse como un "intento de genocidio".
