El Gobierno y la oposición buscan contrarreloj un acuerdo sobre la fórmula para redactar una nueva Constitución que calme el estallido social que vive el país desde casi hace un mes, pero las posturas se encuentran aún distantes y las protestas no dan tregua.
Diputados oficialistas y opositores llevan reunidos desde el miércoles para conseguir una salida política a la crisis, la más grave desde el retorno de la democracia, y responder así a uno de los principales clamores de los manifestantes, que culpan a la actual Carta Magna de ser el origen de la grandes desigualdades del país.
Aprobada en 1980 en un cuestionado referéndum y en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), la Ley Fundamental le concedió al Estado un rol "subsidiario" (secundario) en la provisión de recursos básicos como la salud, la educación o las pensiones, lo que favoreció su privatización.
