Una tensa calma se respiró ayer en Quito después de dos días de protestas y un estado de excepción que sigue vigente a la espera de que, el lunes o martes, lleguen a la ciudad las manifestaciones de miles de indígenas que ahora se encuentran en provincias distantes.

A diferencia de días anteriores, las calles de la ciudad estaban ayer completamente abiertas y la circulación fluía con normalidad, tras un acuerdo la noche del viernes entre el Gobierno y los gremios de transporte que llevaban dos días de piquetes.

Aun así, circulaban de forma restringida los autobuses del servicio municipal, y mucho menos aún los del los servicios privados, que exigen un alza de tarifas para compensar la subida de los precios de los combustibles.

El presidente Lenín Moreno anunció esta semana que, en respuesta a los problemas fiscales del país, retiraba el histórico subsidio a los carburantes, lo que ha provocado un alza de 1,85 a 2,30 en la gasolina "extra" (la más popular), y de 1,03 a 2,27 en la diesel premium.