El Parlamento de Argentina aprobó ayer prorrogar por tres años la ley de emergencia alimentaria, una iniciativa que reclamaban diversas organizaciones sociales ante el agravamiento de la crisis económica que vive el país.
El proyecto impulsado por la oposición, que ya había sido aprobado la semana pasada por la Cámara de Diputados, recibió ayer por unanimidad el visto bueno del Senado.
La iniciativa, que en ambas Cámaras fue debatida en sesiones especiales, sin discusión previa en comisiones ante la urgencia del asunto, establece extender hasta finales de 2022 la ley de emergencia alimentaria decretada en 2002, tras la grave crisis del 2001, y cuya última prórroga caducaba en diciembre próximo.
La sesión de ayer en el Senado estuvo precedida por una movilización ante las puertas del Congreso de miles de integrantes de organizaciones sociales que reclamaban la aprobación de la norma ante el recrudecimiento de la crisis económica.
Las protestas en las calles de estas organizaciones crecieron desde agosto, cuando la inflación se aceleró y la recesión se profundizó en medio de severas turbulencias financieras desatadas tras las elecciones primarias.
Desde entonces, el consumo se desplomó, la afluencia a comedores sociales creció y las "ollas populares" en las calles se instalaron como una imagen del reclamo por paliar la crisis.
"El hambre ya se ha instalado en Argentina", aseveró en el pleno la senadora peronista Beatriz Mirkin, quien, como el resto de los legisladores opositores, cuestionó seriamente las políticas económicas del Gobierno.
La norma aprobada ayer impulsa la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional y establece un incremento de al menos el 50% en las partidas presupuestarias de este año destinadas a políticas públicas de alimentación y nutrición.
Este aumento implicará un coste fiscal adicional este año de 10 mil millones de pesos (unos 172 millones de dólares), según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Asimismo, faculta al jefe de Gabinete de ministros a disponer cambios en las partidas presupuestarias y a actualizarlas para poder destinar fondos a las políticas alimentarias.
