La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, presentó ayer una normativa que permitirá rechazar los permisos de residencia concedidos a los inmigrantes que las autoridades consideren que se convirtieron en una "carga pública" para el país.

Bajo esta nueva regla, un inmigrante legal que vive en Estados Unidos será definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos designados" durante más de 12 meses en un periodo de 36 meses.

"En el caso de recibir dos ayudas públicas al mes, se contará como dos meses", detalló el director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), Ken Cuccinelli, en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Estos beneficios públicos incluyen asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas que subsidian el elevado costo de los medicamentos en Estados Unidos, entre otros.

"Nuestra normativa evita que los extranjeros que puedan convertirse en una carga pública vengan a Estados Unidos o que se queden aquí y obtengan una 'green card' (permiso de residencia permanente"), subrayó Cuccinelli.

Con esta nueva norma, el Gobierno de Trump reducirá también la cantidad de inmigrantes legales a los que se les permite ingresar y residir en el país, al facilitar el rechazo de las solicitudes de las "green card" (permiso de residencia permanente) o de algunos visados.

Así, las autoridades podrán determinar si el inmigrante puede convertirse en un momento dado o se convirtió en una "carga pública" para la Administración, es decir, si "depende principalmente" de la asistencia de los fondos públicos para subsistir, y luego cancelar su estatus migratorio legal.