La exmandataria argentina Cristina Fernández (2007-2015), candidata ahora a la Vicepresidencia, volvió ayer a los tribunales para seguir escuchando los cargos que se le imputan en el juicio en su contra por presunta asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública durante su mandato.

Se trata de la segunda audiencia de la primera vista oral a la que se enfrenta la actual senadora, que tiene fueros y no puede ser detenida, pero sí juzgada y eventualmente condenada. Tras la sesión inaugural del martes 21, que generó enorme expectación, tanto en la prensa como en el panorama político, Fernández acudió a los juzgados federales de Buenos Aires con un bajo perfil, de nuevo sin dar declaraciones a la prensa y manteniendo hasta el último momento la duda de si iría.

El viernes 24, el tribunal encargado del caso la autorizó a no acudir a las primeras sesiones —en las que se leen las acusaciones— siempre que acredite que se superponen con su labor como senadora. Sin embargo, ayer no hubo sesión en el Senado y finalmente asistió, con escasa presencia de seguidores a las puertas de la sede judicial.

Dentro, y durante las poco más de cuatro horas que duró la sesión, con un breve descanso a mitad, la viuda del también expresidente Néstor Kirchner (2003-2007) volvió a sentarse junto a su abogado Carlos Beraldi en la última fila, y pasó el tiempo consultando su teléfono móvil y lejos del resto de imputados.

Entre ellos, el empresario Lázaro Báez; su exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López.

Además, en esta ocasión también acudieron a la sala -separados por un vidrio- personas del entorno de la expresidenta, en señal de apoyo, como su exministro de Economía Axel Kicillof o la de cultura, la cantante Teresa Parodi.

Como en la primera sesión, los secretarios del tribunal narraron los cargos imputados por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques.

"Los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández montaron una matriz de corrupción en la realización de obras viales con fondos nacionales en la provincia de Santa Cruz con el objeto de enriquecer ilegítimamente a Lázaro Báez a expensas del erario público, antecedente necesario buscando el propio enriquecimiento personal de la familia Kirchner", leyó uno de los secretarios.

En concreto, Fernández, que el 18 de mayo anunció su candidatura a la Vicepresidencia para las elecciones de octubre, es juzgada por el presunto direccionamiento de la concesión de obras, en la provincia de Santa Cruz, donde nació Kirchner y desarrolló gran parte de su carrera política, a favor de empresas del detenido Báez, excolaborador y amigo de la pareja.