La Fiscalía apuntó ayer, en la lectura de cargos en el primer juicio contra la expresidenta argentina Cristina Fernández, que tanto ella como su fallecido esposo, Néstor Kirchner, fueron "jefes" de una "asociación delictiva" destinada a apoderarse "de millonarios fondos públicos".

"Esta asociación delictiva funcionó en forma estable y permanente dentro de la estructura administrativa estatal y a través de la instauración de una ingeniería societaria creada y ampliada para los fines buscados", leyó el secretario del tribunal al comienzo de la vista, celebrada en los tribunales federales de Buenos Aires entre fuerte seguridad. Fernández, actual senadora, está acusada de encabezar una asociación ilícita durante su mandato (2007-2015) y de fraude al Estado por el expreso direccionamiento de la adjudicación al empresario Lázaro Báez -encarcelado desde 2016- de 52 obras públicas, por unos 46.000 millones de pesos (unos 1.000 millones de dólares) en la sureña provincia de Santa Cruz, feudo del kirchnerismo.

Poco antes del mediodía, y escoltada por un amplio dispositivo de seguridad, la jefa de Estado entre 2007 y 2015 llegó a los tribunales federales de Buenos Aires para participar de la apertura de un proceso que se alargará alrededor de un año con 13 imputados en la mira, como su exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el empresario Lázaro Báez.

También el exsecretario de Obras Públicas José López -detenido desde que en 2016 fue sorprendido 'in fraganti' cuando trataba de esconder casi 9 millones de dólares en un convento-, aunque estuvo apartado de los otros acusados por ser "imputado arrepentido" en otra investigación.

El juicio, que contará con unos 160 testigos, cobra especial relevancia al comenzar apenas tres días después de que Fernández, actual senadora, anunciara su candidatura a la Vicepresidencia del país, con quien fuera su jefe de Gabinete Alberto Fernández como candidato a presidente, de cara a la elecciones de octubre de 2019. La Fiscalía apunta a que fueron "jefes" de una "asociación delictiva" destinada a apoderarse "de millonarios fondos públicos". "Para lograr sustraer los fondos del Estado, los miembros de esta asociación, entre otros planes delictivos, escogieron a la obra pública vial como uno de los medios propicios para obtener el dinero del Tesoro nacional y convirtieron en empresario de la construcción a Lázaro Báez, a quien habrían de enriquecer a lo largo de 12 años a expensas del interés de la sociedad", leyó el secretario del tribunal.

De ese modo, el Ministerio Público sostiene que se creó una "maquinaria eficaz en base al diseño de un esquema de beneficios exclusivos y permanente para direccionar y sustraer fondos del Estado a favor de Báez".