El Gobierno de Nicaragua llamó ayer nuevamente al cese de las sanciones económicas internacionales, dirigidas hacia familiares y allegados del presidente Daniel Ortega, y prometió respetar los derechos que garantiza la Constitución, en medio de la crisis sociopolítica.
A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno nicaragüense pidió el cese de las sanciones económicas, ya que "son precisamente quienes estaban en mayor pobreza, las más afectadas por esas medidas injustas". Entre las personas que han sido sancionadas hasta ahora están la esposa de Ortega y vicepresidenta, Rosario Murillo, el hijo de ambos, Laureano Ortega Murillo, el consuegro del presidente y jefe de la Policía Nacional, Francisco Díaz, o el expresidente del Consejo Supremo Electoral Roberto Rivas.
