El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, autorizó ayer la destitución de funcionarios que defiendan ideales "comunistas" y la venta de muchos de los 700.000 inmuebles propiedad del Estado, para contribuir a contener el elevado gasto público.

Las decisiones fueron adoptadas en la primera reunión del llamado Consejo de Gobierno, que es integrado por el propio mandatario, por el vicepresidente y general de la reserva Hamilton Mourao y por los 22 ministros del gabinete, que hasta el mes pasado tenía 29 miembros y en otras épocas llegó a tener casi 40.

El ministro de la Presidencia, Onyx Lorenzoni, dijo que la decisión de revisar la estructura de la administración pública y destituir a los funcionarios no alineados con las ideas de Bolsonaro es parte del "compromiso" que el capitán de la reserva del Ejército adoptó durante su campaña electoral.

"No tiene sentido tener un Gobierno como el que tenemos ahora con personas que defiendan otras ideas u otra forma de organización de la sociedad", declaró Lorenzoni, quien hoy mismo dio el primer paso y anunció la destitución de unos 300 funcionarios con contratos temporales.

Según Lorenzoni, en las elecciones del pasado octubre, ganadas por el líder de la ultraderecha, "la sociedad dijo basta a las ideas socialistas y comunistas que en los últimos 30 años nos llevaron al caos actual" y el Gobierno debe responder ahora al mandato de las urnas.

La decisión, autorizada por el propio Bolsonaro, se aplicará en todos los sectores de la administración pública, en los que será revisada la situación de las personas contratadas temporalmente, en su mayoría para cargos considerados "de confianza". Lorenzoni apuntó que los "criterios" para decidir la situación de los funcionarios también serán "técnicos" y que se tomarán en cuenta a la hora de definir si esos cargos volverán a ser cubiertos o si serán definitivamente extintos.

En la reunión, la primera que Bolsonaro celebra con todos sus ministros desde su toma de posesión, el pasado 1 de enero, también se decidió que cada ministerio hará un inventario de inmuebles de su propiedad, a fin de proceder a la venta de aquellos que no sean necesarios. "Las primeras informaciones dicen que el Estado tiene cerca de 700.000 inmuebles" en todo el país, "lo que causa gastos inmensos de mantenimiento", agregó el ministro.