Dos fiscales solicitaron ayer que sea elevada a juicio una causa contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y otros 18 imputados por presunto lavado de activos y asociación ilícita en relación a supuesta irregularidades con empresarios de la obra pública a través de una empresa familiar.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, los procuradores Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que los imputados sean sometidos a juicio oral por la denominada causa Hotesur. El pedido firmado ayer alcanza, entre otros, a los hijos de la expresidenta y actual senadora, Máximo y Florencia Kirchner, y al empresario Lázaro Báez, dedicado al sector de la construcción, con estrechos vínculos con la familia Kirchner y en prisión desde 2016 por otra causa.

En mayo, el juez a cargo de la causa, Julián Ercolini, había procesado, entre otros implicados, a Cristina Fernández, sus hijos y su sobrina Romina Mercado por presunto lavado de activos y asociación ilícita.

En la investigación se busca determinar si la familia de la expresidenta recibió pagos por parte de empresarios de obra pública a través de la contratación de habitaciones de un hotel administrado por la firma Hotesur, participada por Cristina Fernández y sus dos hijos.

En noviembre de 2017, la exmandataria declaró por esta causa, negó todas las acusaciones y afirmó que la actividad de la firma familiar había sido plenamente legal. El conocido como "caso Hotesur" se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada opositora Margarita Stolbizer.

GOBIERNO

Un juez citó ayer a declarar al ministro argentino de Defensa, Oscar Aguad, por presuntas irregularidades cometidas en la negociación, cuando era titular de Comunicaciones, del pago de una deuda que la familia del presidente Mauricio Macri contrajo hace dos décadas con el Estado.

Según informaron a EFE fuentes jurídicas, el magistrado federal Ariel Lijo aceptó el dictamen realizado este jueves por el fiscal Gerardo Pollicita, en el que pedía llamar a declarar a Aguad y a otros tres imputados por supuestamente haber negociado condonar la deuda a una sociedad que tiene como accionistas a allegados directos del mandatario, cuya familia tiene un gran historial empresarial.