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Piden enviar a juicio a Cristina Fernández por lavado de dinero

22 Diciembre 2018EFE • Buenos Aires
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El caso implica, además a dos hijos de la exmandataria argentina.

El caso implica, además a dos hijos de la exmandataria argentina.

Dos fiscales solicitaron ayer que sea elevada a juicio una causa contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y otros 18 imputados por presunto lavado de activos y asociación ilícita en relación a supuesta irregularidades con empresarios de la obra pública a través de una empresa familiar.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, los procuradores Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron que los imputados sean sometidos a juicio oral por la denominada causa Hotesur. El pedido firmado ayer alcanza, entre otros, a los hijos de la expresidenta y actual senadora, Máximo y Florencia Kirchner, y al empresario Lázaro Báez, dedicado al sector de la construcción, con estrechos vínculos con la familia Kirchner y en prisión desde 2016 por otra causa.

En mayo, el juez a cargo de la causa, Julián Ercolini, había procesado, entre otros implicados, a Cristina Fernández, sus hijos y su sobrina Romina Mercado por presunto lavado de activos y asociación ilícita.

En la investigación se busca determinar si la familia de la expresidenta recibió pagos por parte de empresarios de obra pública a través de la contratación de habitaciones de un hotel administrado por la firma Hotesur, participada por Cristina Fernández y sus dos hijos.

En noviembre de 2017, la exmandataria declaró por esta causa, negó todas las acusaciones y afirmó que la actividad de la firma familiar había sido plenamente legal. El conocido como "caso Hotesur" se inició en noviembre de 2014 por una denuncia de la entonces diputada opositora Margarita Stolbizer.

GOBIERNO

Un juez citó ayer a declarar al ministro argentino de Defensa, Oscar Aguad, por presuntas irregularidades cometidas en la negociación, cuando era titular de Comunicaciones, del pago de una deuda que la familia del presidente Mauricio Macri contrajo hace dos décadas con el Estado.

Según informaron a EFE fuentes jurídicas, el magistrado federal Ariel Lijo aceptó el dictamen realizado este jueves por el fiscal Gerardo Pollicita, en el que pedía llamar a declarar a Aguad y a otros tres imputados por supuestamente haber negociado condonar la deuda a una sociedad que tiene como accionistas a allegados directos del mandatario, cuya familia tiene un gran historial empresarial.

La investigación busca determinar si el ministro de Comunicaciones entre diciembre de 2015 -cuando Macri llegó a la Presidencia- y julio de 2017 -cuando pasó a encabezar la cartera de Defensa-, cometió delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública.

En definitiva, saber si se buscó beneficiar a una empresa de la familia del presidente, lo que habría perjudicado a las arcas públicas.

En 1997, durante el mandato de Carlos Menem (1989-1999) y mediante un proceso de concesión de servicios por un período inicial de 30 años, se realizó la privatización de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos, conocida como Correo Argentino, y recayó en una de las empresas de Franco Macri, padre del ahora jefe de Estado.

Ya en 2001, en medio de la peor crisis económica, social y política que ha vivido el país, el Correo entró en concurso de acreedores y la empresa contrajo una deuda con el Estado que ascendía a 292 millones de pesos, que en aquel momento equivalía a igual cantidad de dólares. Con la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia (2003-2007), y ante la millonaria deuda, se firmó un decreto que rescindía el contrato de concesión de servicios postales.

En todo este tiempo, en el que también pasó la Presidencia de la viuda de Kirchner, Cristina Fernández (2007-2015), no hubo acuerdo entre las partes para cobrar esa deuda, por las divergencias entre el kirchnerismo y la empresa cuyos principales accionistas son los hermanos, sobrinos e hijos de Macri, luego de que Franco, su padre, se desligara hace años de la misma.

 

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