Utilizaron escudos antidisturbios para dispersar a los comunicadores.

Agentes antidisturbios de la Policía de Nicaragua golpearon ayer a periodistas y fotógrafos que cubrían una denuncia de un grupo de medios críticos con el Gobierno de Daniel Ortega a los que allanaron sus oficinas, en medio de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril.

Los agentes, cubiertos con su armadura de protección, salieron de la sede de la Policía Nacional cargando sus porras y escudos antidisturbios que utilizaron para dispersar a los comunicadores, constató EFE.

Los periodistas cubrían una denuncia que interpondría Carlos Fernando Chamorro, director de un grupo de medios de que fue allanado en las últimas horas por la Policía, y que pediría explicaciones al respecto.

Chamorro, hijo de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), denunció la "confiscación" del edificio donde funcionan las revistas digitales Confidencial y Niú y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche.

Aseguró que agentes policiales irrumpieron a la fuerza en sus oficinas la madrugada de este sábado, 24 horas después de haber sido allanada, y expulsaron a los vigilantes.

Al llegar a la sede de la Policía, un oficial dijo a Chamorro que se retirara porque estaban en una zona de seguridad y dio orden a los antidisturbios de dispersar con sus escudos y porras al grupo de periodistas y civiles que acompañaban al propietario del grupo de medios.

Previamente Chamorro, galardonado con el IV Premio Casa América Catalunya a la Libertad de Expresión en Iberoamérica en 2009, y en 2010 con el premio María Moors Cabot, denunció "una ocupación de facto, una ocupación ilegal, una toma militar" de sus oficinas, en Managua.

Además del grupo de medios, en el edificio funciona la consultora Cabal, que dirige Desirée Elizondo, esposa del periodista.

Chamorro explicó que los oficiales acudieron en los últimos dos días al edificio de ese grupo de medios como que si se tratara de la sede del Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), del que fue director y al que el Parlamento quitó la personalidad jurídica, y cuyas oficinas quedan en otro lugar.

Chamorro tildó esa "ocupación de facto" como "un ataque contra medios de comunicación independientes, contra la libertad de prensa, la libertad de expresión y también contra la libre empresa".

La Policía Nacional aún no se ha referido a ese allanamiento ni a la ocupación del edificio.