El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, negó ayer cualquier responsabilidad en la muerte bajo su custodia de una niña guatemalteca de siete años que sufría deshidratación y que cruzó con su padre irregularmente la frontera desde el país vecino de México.
La Casa Blanca describió lo sucedido como una "situación trágica" y "horrenda", pero evitó asumir cualquier responsabilidad: de hecho, aprovechó para instar a la oposición demócrata en el Congreso a aprobar las leyes que pidió Trump para "desincentivar" la llegada irregular de inmigrantes.
"Es una muerte innecesaria y es 100 % evitable", dijo uno de los portavoces de la Casa Blanca, Hogan Gidley, a la prensa.
"Si pudiéramos unirnos y aprobar algunas leyes de sentido común que desincentiven a la gente que llega de la frontera y les anime a hacerlo de la manera correcta, la manera legal, entonces ese tipo de muertes, ese tipo de asaltos, ese tipo de violaciones, el contrabando de menores, el tráfico de seres humanos, todo eso acabaría", añadió.
El liderazgo demócrata en el Congreso de EE.UU. guardó silencio sobre la muerte de la niña y las peticiones de Trump; pero algunos legisladores, como el presidente del Caucus Hispano, Joaquín Castro, ya adelantó que pedirá una investigación sobre las condiciones y circunstancias que llevaron a la muerte de la menor.
"Podemos y debemos hacerlo mejor como nación", subrayó Castro, quien consideró que las duras políticas migratorias de Trump no frenan la llegada de inmigrantes a EE.UU., sino que les obligan a recurrir a "caminatas peligrosas por el desierto" para evitar a los agentes fronterizos.
En declaraciones a la prensa, funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) informaron ayer de que la niña y su padre formaban parte de un grupo de 163 migrantes que fueron detenidos sobre las 21:15 hora local del 6 de diciembre, cerca de Antelope Wells, en el estado de Nuevo México y en medio del desierto. Desde su arresto la menor, su progenitor y el resto de migrantes estuvieron en unas instalaciones de la CBP, donde tuvieron acceso a agua, comida y aseos; y después fueron trasladados en autobús a otro centro a 150 kilómetros de distancia y ubicado en Lordsberg (Nuevo México), según el relato de los funcionarios.
