Dos fiscales de Argentina pidieron ayer elevar a juicio oral una causa en la que están procesados la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y sus dos hijos como presuntos líderes de una asociación ilícita destinada a cometer delitos de lavado de dinero junto a empresarios de la obra pública.
Los procuradores Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques consideraron cerrada la etapa de instrucción de este caso, al apuntar que se encuentra "cabalmente demostrado" que "se instrumentó un mecanismo constante y permanente de lavado de dinero" a través de la actividad inmobiliaria de la sociedad familiar Los Sauces. En su resolución, aseguraron que Fernández, actualmente senadora, y su marido, el fallecido expresidente Néstor Kirchner, "organizaron y dirigieron" una "estructura criminal" para cometer distintos delitos y los señalaron como los "máximos jefes" de una asociación ilícita.
Para los fiscales, está corroborada la existencia de esta y, por ende, que el matrimonio presidencial, junto a funcionarios públicos de distintas carteras y empresarios "allegados".
"Teniendo en cuenta la gravedad institucional que representan" estos delitos y "los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en materia de lucha contra la corrupción, consideramos que se impone el pronto avance de este proceso hacia la etapa del debate oral", indica el texto.
El juez federal Claudio Bonadio procesó a la expresidenta en abril del año pasado al considerarla "penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de jefe", un delito que se dio "en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito", agravado por ser funcionario público y por "negociaciones incompatibles". La investigación se originó en abril de 2016 por una denuncia de la entonces diputada Margarita Stolbizer (centroizquierda) contra Fernández y sus hijos, en la que les acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero en supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.
