Un juez decidió ayer elevar a juicio una investigación en la que se acusa a la expresidenta argentina Cristina Fernández de asociación ilícita y fraude en la concesión de obra pública durante su mandato. Será la primera vez que la actual senadora deba rendir cuentas por presunta corrupción.
La mujer con más poder en el país austral entre 2007 y 2015, viuda del también exmandatario Néstor Kirchner (2003-2007), tendrá que sentarse en el banquillo, en una fecha aún por determinar, junto a, entre otros imputados, quien fuera ministro del área de obras públicas, Julio De Vido, y el constructor Lázaro Báez, ambos en prisión preventiva por otras causas.
El juez Julián Ercolini hace así lugar a la posición del fiscal Gerardo Pollicita, quien había pedido abrir el juicio oral de la causa, en la que se investiga el presunto 'direccionamiento' de contratos de obras públicas a favor del Grupo Austral, propiedad de Báez, en la sureña provincia de Santa Cruz -cuna del kirchnerismo- durante los Gobiernos de Kirchner y su esposa.
Según el fallo del magistrado, Fernández, en su carácter de presidenta, "habría perjudicado los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional que estaban bajo la órbita de su responsabilidad".
La investigación apunta a que se pergeñó un plan en Santa Cruz para el manejo "fraudulento" de fondos estatales en favor de las empresas de Báez, que resultaron adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en esa provincia durante los 12 años en que se extendieron los Gobiernos kirchneristas.
ACUSACIÓN
A los imputados se les acusa de haber formado parte de una asociación destinada a cometer delitos; para "apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada" de los fondos asignados a la obra pública vial.
