Castigado por una profunda crisis económica y política, el estado de Río de Janeiro es víctima además de una red de corrupción para desviar fondos públicos en la que, según la Policía, está implicado el Tribunal de Cuentas y puede alcanzar incluso a la cabeza de la Asamblea Legislativa local. La Justicia brasileña dictó orden de prisión para cinco de los siete consejeros del Tribunal de Cuentas de Río.