La expresidenta de Argentina Cristina Fernández (2007-2015) negó ayer haber cometido los diversos delitos de corrupción que se le imputan y reiteró sentirse víctima de una "persecución judicial y mediática" sin "antecedentes" en su país que no descarta llevar a un organismo internacional de derechos humanos.
La exjefa de Estado acudió ayer martes a los juzgados federales de Buenos Aires para comparecer ante el magistrado federal Claudio Bonadio, quien en febrero la citó -al igual que a sus hijos y varios empresarios de la obra pública- como investigada por presunto lavado de dinero y cohecho.
Tras declinar prestar declaración, Fernández presentó un escrito en el que rechazó los cargos, pidió su sobreseimiento y denunció una "maniobra político-judicial" impulsada, según asegura, por el Gobierno de su sucesor, el conservador Mauricio Macri, y que busca presionar a los jueces para que vayan contra ella y su familia.
Bonadio investiga si la inmobiliaria Los Sauces, participada por Fernández y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, se dedicaba a recibir, mediante arrendamientos de propiedades, transferencias millonarias de parte de los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez -también imputados-, que previamente habrían recibido adjudicaciones de obras con sobreprecios.
La causa se abrió en abril de 2016 tras una denuncia presentada por la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer contra la familia Kirchner, en la que la acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero relacionados con supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.
"La imputación de lavado de dinero no solo resulta absolutamente falsa, según las propias constancias agregadas a la causa, sino antes bien pone al descubierto el grado de temeridad y malicia con que han procedido la denunciante Stolbizer y el juez Bonadio", afirmó Fernández en el escrito presentado al magistrado, a quien reiteradamente acusa de imparcialidad.
