El Gobierno argentino oficializó ayer a través de un decreto el endurecimiento de su política de migración para evitar la entrada de extranjeros que hayan cometido delitos graves y acelerar los procesos de deportación de quienes delinquen en el país.
El Ejecutivo de Mauricio Macri, que tiene en la lucha contra el narcotráfico uno de sus principales objetivos, explica en el texto que hasta ahora, ante hechos de "criminalidad organizada", el Estado ha enfrentado "severas dificultades" para concretar la expulsión de extranjeros por el largo y "complejo procedimiento recursivo".
"Si una persona viene con buenos propósitos, como marca la Constitución, para todos los hombres del mundo de buena voluntad, por supuesto que las puertas en Argentina están abiertas. (...) Marcamos una diferencia entre delincuentes y personas que vienen a sumar el esfuerzo cotidiano a los argentinos", explicó el director nacional de Migraciones, Horacio José García, al canal TN.
Entre las causas que impedirán la entrada de extranjeros se encuentran tener condenas o antecedentes en Argentina o el exterior por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas.
También haber incurrido "en actos de Gobierno o de otro tipo", que constituyan genocidio, crímenes de guerra, terrorismo o delitos de lesa humanidad y de cualquier acto susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional. El decreto incluye además a quienes hayan participado en la promoción con fines de lucro del ingreso ilegal de extranjeros o hayan presentado documentación falsa para obtener beneficios migratorios; y a los que lucren con la prostitución o hayan sido condenados por corrupción.
Como excepciones, el Gobierno señala que podrá admitir en el país, "únicamente por razones humanitarias, de reunificación familiar o de auxilio eficaz a la justicia" en determinadas condiciones, a los extranjeros que se encuentren en algunos de esos supuestos y los que hayan cometido delitos que en Argentina no excedan los tres años de prisión.
