El Gobierno turco ha anunciado ayer que desde la fallida asonada del 15 de julio, 9.786 funcionarios del Ministerio de Interior permanecen en prisión preventiva y otros 467 tienen una orden de detención por presuntos vínculos golpistas.
El ministro de Interior, Süleyman Soylu, también informó en un comunicado de que fueron despedidos 21.929 trabajadores, mientras que 12.985 fueron suspendidos de sus funciones, según el periódico local "Cumhurriyet".
Por otro lado, 3.569 funcionarios del mismo ministerio fueron readmitidos tras ser suspendidos de sus funciones mientras se les investigaba.
Anteriormente, el ministro de justicia, Bekir Bozdag, anunció que estaban bajo investigación un total de 92.607 funcionarios de la administración del Estado.
Estas medidas buscan expulsar de la administración a todos los miembros o simpatizantes de la cofradía del exiliado predicador Fethullah Gülen, antiguo aliado del presidente Recep Tayyip Erdogan a quien Ankara considera instigador de la asonada de julio.
