Decenas de miles de chilenos salieron ayer a las calles para demandar el fin del sistema privado de pensiones vigente en el país, respondiendo a un paro nacional que con ese objetivo convocaron diversas organizaciones sociales, encabezadas por la Coordinadora "No+AFP".

El paro fue convocado al cumplirse 36 años desde que la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) emitió un decreto que estableció en el país un sistema basado en la capitalización individual de un fondo de jubilaciones, administrado por empresas privadas denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

En la actualidad, según un estudio de la Fundación Sol, el 90,75 % de los jubilados por el sistema reciben pensiones inferiores a 154.304 pesos mensuales (unos 233 dólares), casi la mitad del sueldo mínimo establecido en el país, mientras sus aportaciones mensuales son invertidas en la capitalización de grandes empresas. Unas 10.000 personas se congregaron en la Plaza de Armas de Santiago, en el corazón de la ciudad, y marcharon unos dos kilómetros hacia la Plaza Los Héroes.

Manifestaciones similares tuvieron lugar en distintas ciudades de todo el país, que se caracterizaron por su carácter pacífico, contrariamente a los incidentes violentos ocurridos en las primeras horas del día. Dos autobuses quemados, colegios ocupados, bloqueos de calles y enfrentamientos entre manifestantes y la Policía en distintos puntos de Santiago y otras ciudades marcaron el arranque de la jornada.

Millones de personas tuvieron problemas para desplazarse a sus actividades diarias en Santiago, pues el Metro suspendió momentáneamente algunos de sus servicios por el lanzamiento de objetos a las vías y la locomoción colectiva escaseó, por la adhesión de algunos sindicatos de conductores al paro. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, condenó el vandalismo a través de su cuenta de Twitter, en la que escribió, "las marchas pacíficas por mejores pensiones hacen más clara la voz ciudadana. La violencia no es el camino para un gran acuerdo nacional".