El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva vio ayer complicarse su situación jurídica por una nueva denuncia de la Fiscalía ante la justicia por sospechas de corrupción.
El Ministerio Público Federal de Brasilia acusó a Lula de cobrar sumas millonarias de la constructora Odebrecht a cambio de haber favorecido a la empresa entre 2008 y 2015, en la recta final de su gobierno y en los años posteriores.
Lula tiene otros dos procesos abiertos en la justicia común, en los que es reo, por haber recibido supuestos pagos ilegales y favores de la constructora OAS y por haber ofrecido dinero a cambio del silencio de uno de los testigos que colaboran con las investigaciones de la corrupción en la petrolera Petrobras.
El expresidente también es investigado por el Tribunal Supremo en otro proceso paralelo, por su supuesta participación en el escándalo de corrupción que giraba en torno a Petrobras, por el que han sido condenados varios ejecutivos de la petrolera, políticos y directivos de las mayores constructoras del país, implicadas en la trama.
La Fiscalía de Curitiba ha acusado a Lula de ser el "comandante máximo" de la red de corrupción enquistada en la petrolera, el escándalo de corrupción de mayor envergadura descubierto en el país y que se apropió de miles de millones de dólares entre 2004 y 2014.
Después de hacerse pública la nueva denuncia, el abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, afirmó ayer que el expresidente está siendo sometido a una "persecución" jurídica que tiene el objetivo manifiesto de impedirle que se presente a las elecciones presidenciales de 2018, una posibilidad que él mismo ha insinuado.
Las nuevas denuncias se refieren al supuesto cobro de sobornos por parte de Lula, a cambio de usar su influencia para que Odebrecht lograse financiación pública del banco de fomento de Brasil, el BNDES, y para que se adjudicase un contrato multimillonario en Angola.
El Ministerio Público Federal de Brasilia acusó a Lula de los delitos de corrupción pasiva, tráfico de influencia, lavado de dinero y asociación ilícita, con lo que si fuera juzgado y condenado por estos cargos podría enfrentarse a una pena de hasta 30 años de cárcel.
Según la denuncia, la constructora pagó cerca de 30 millones de reales (unos nueve millones de dólares) en diversos desembolsos a una empresa recién fundada por un sobrino de la primera mujer de Lula, Taiguara Rodrigues dos Santos, que "no tenía ninguna experiencia previa en el ramo de ingeniería".
Además, Odebrecht contrató a Lula para pronunciar discursos en diversos países después de que dejó la Presidencia de Brasil en 2011.