El jefe de la Cámara Baja de Brasil, Eduardo Cunha, suspendido por alegada corrupción y quien inició el trámite que separó de sus funciones a Dilma Rousseff, argumentó ayer su inocencia y defendió la legalidad del proceso contra la mandataria.

Cunha se presentó ayer ante el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados, que desde hace poco más de seis meses lleva adelante un proceso que le puede costar el escaño del que ha sido suspendido por la Corte Suprema, que ha iniciado un juicio penal en su contra por sospechas que lo vinculan a las corruptelas en la estatal Petrobras.

El proceso en el Consejo de Ética se apoya en declaraciones que Cunha dio a una comisión parlamentaria, ante la que negó poseer unas cuentas en el exterior en las que habría ocultado dinero procedente de la corrupción petrolera, en la que también asegura que no participó.

Sin embargo, la propia justicia helvética comprobó la existencia de esas cuentas en documentos que ha remitido a Brasil y que Cunha se niega a reconocer. El polémico parlamentario volvió a negar ayer que tenga cuentas bancarias ocultas y reiteró que solo ha hecho inversiones en un fondo de fideicomiso.

De acuerdo con las acusaciones de la Fiscalía, Cunha sería en realidad el propietario de ese fondo de fideicomiso en Suiza, para cuya creación habría declarado un patrimonio de 16 millones de dólares, que ante las autoridades fiscales brasileñas ha cifrado en apenas 1.5 millones de reales (unos 430.000 dólares).

Sin embargo, Cunha insistió en que el dinero que posee en el exterior está administrado por un fondo de fideicomiso sobre el cual no tiene control alguno, en cuya creación no participó y que es gestionado por sus responsables legales. También reiteró que el dinero que invirtió lo obtuvo hace más de tres décadas y fue producto de sus anteriores actividades de comercio exterior, que se centraban sobre todo en la exportación de carnes a países africanos.