La comisión parlamentaria de Brasil que analiza si existen méritos jurídicos para someter a la presidenta Dilma Rousseff a un proceso político que lleve a su destitución entra la próxima semana en una fase decisiva al presentar su informe final, que todavía tendrá que recibir la aprobación del Congreso.
La comisión, que inició hace dos semanas las sesiones para estudiar el pedido de apertura del juicio político, espera que la Abogacía General de la Unión entregue el lunes la defensa de la mandataria.
Antes de que el grupo, formado por 65 diputados, dé su parecer, serán debatidos los alegatos presentados por la defensa y los de la acusación durante cinco reuniones más.
El trámite contra Rousseff se basa en unas irregularidades fiscales en las que incurrió el Gobierno entre 2014 y 2015 para maquillar sus balances, de los que habría ocultado unas millonarias deudas acumuladas con la banca pública.
