La Corte Suprema de Brasil decidió ayer que las averiguaciones relativas al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva quedarán bajo su jurisdicción, con lo que le retira el caso al juez Sergio Moro, que investiga las corruptelas en Petrobras.

La decisión se fundamentó en que en unas polémicas escuchas telefónicas ordenadas por Moro en desarrollo de una investigación contra Lula grabaron conversaciones del exmandatario con la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, y otras autoridades aforadas.

Las grabaciones fueron divulgadas por Moro el mismo día en que la designó a Lula como ministro de la Presidencia, lo cual generó una inmensa polémica que echó más leña al fuego de la crisis política en que está sumergido el país.

El nombramiento de Lula como ministro fue objeto de una andanada de medidas cautelares dictadas por jueces de primera instancia y sigue en suspenso, a la espera de una decisión del propio Supremo.

Algunas de las grabaciones, y en especial la de una conversación entre Lula y Rousseff, sugieren que su nombramiento pudiera esconder la intención de ayudarle a evitar a la justicia común y trasladar las investigaciones al Supremo, a fin de darle largas al proceso.

Lula es objeto de dos investigaciones, en ambos casos por alegada corrupción, que comenzaron en tribunales de San Pablo y Curitiba, este último a cargo del juez Moro, y ahora pasarán a la órbita del Supremo.

La Fiscalía de San Pablo, que ya ha presentado una denuncia formal contra Lula, investiga si es el verdadero propietario de un apartamento de playa por el que pagó una cuota inicial, que fue sometido a millonarias reformas y está a nombre de una constructora involucrada en los desvíos de Petrobras. En Curitiba, se intenta determinar si los cuantiosos aportes de constructoras involucradas en el escándalo de Petrobras al Instituto Lula y a una empresa creada por el expresidente en el marco de su actividad están relacionados a los desvíos en la petrolera.