El Gobierno brasileño se preparó ayer para enfrentar la retomada de las sesiones de la comisión parlamentaria en la que se decidirá la posible apertura de un juicio político contra la presidenta, Dilma Rousseff.
La comisión inició el viernes 18 de marzo sus trabajos y celebrará el lunes la segunda de las 15 sesiones previas a la votación en la que se decidirá si se inicia el proceso parlamentario contra la jefa de Estado.
El ministro de Información, Edinho Silva, afirmó ayer en un artículo en el diario Folha de São Paulo que el oficialismo está empeñado en "desconstruir" el intento de destitución que, en su opinión, es "en nada y por nada justificable".
Para ello, el Gobierno está tratando de aplacar los sectores disidentes de los partidos de la base oficialista que han amenazado con pasarse a la oposición debido a la agudización de la crisis, lo que podría inclinar la balanza contra los intereses de Rousseff. En este sentido, Rousseff expresó que pretende servirse de la capacidad de "articulación" del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva para evitar la desbandada de los aliados.
Pero precisamente el nombramiento de Lula como ministro de la Presidencia, que ha sido suspendido por una decisión judicial, tuvo un efecto opuesto y supuso un factor desestabilizador, contribuyendo a que dos partidos dejasen la coalición y pasasen a defender la destitución de Rousseff. En la última semana, después del nombramiento de Lula, abandonaron el barco el Partido Republicano Brasileño (PRB) y el Laborista Brasileño (PTB), fuerzas que suman 40 de los 513 escaños de la cámara baja.
Otras tres fuerzas están discutiendo la posibilidad de romper con el Gobierno, entre ellos el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), en el que milita el vicepresidente, Michel Temer, quien asumiría el poder en el caso de que prospere el juicio político.
