El acuerdo sobre justicia transicional alcanzado por el Gobierno colombiano y las FARC supone un fuerte espaldarazo a la firma de la paz, que deberá ser sólida, con mecanismos que no echen por tierra lo pactado; y que no dejará impunes los delitos más graves para garantizar su reparación.
El jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, explicó ayer que el acuerdo anunciado ayer de manera inédita por el presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko" marca el "conteo regresivo" para "liquidar un conflicto de más de 50 años".
La relevancia de este acuerdo sobre justicia transicional allana el camino hacia el acuerdo definitivo de tal forma que las partes se han dado ya un plazo de seis meses para firmar la paz.
De la Calle destacó que las bases de la jurisdicción especial para la paz acordada por las partes en la mesa de diálogo es una "solución inédita", que va a garantizar que ningún crimen grave quede impune y que establecerá penas en función del reconocimiento del delito y la voluntad de reparación. Quedarán fuera de la jurisdicción los responsables de delitos políticos.