El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina, acusado de liderar una red de corrupción aduanera, conocerá su futuro judicial el martes 8, cuando un juez decida si es necesario que continúe en prisión mientras se determina si se inicia un proceso judicial por su supuesta implicación en "La Línea".
Al menos, serán cinco días los que el exmandatario permanecerá retenido en el Centro Militar Matamoros, adonde fue trasladado el jueves después de que el juez que sigue el proceso, Miguel Ángel Gálvez, resolvió que había riesgo de fuga y que era mejor para su seguridad mientras no se decide su situación legal.
El exjefe de Estado, acusado de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo y caso especial de defraudación aduanera, llegó temprano a Torre de Tribunales ayer, con el fin de evitar la expectación mediática que surgió ayer tras su arribo a las dependencias del Organismo Judicial. Durante su primera declaración tras ser imputado, Pérez Molina negó su participación en la estructura criminal que le obligó a dimitir de la Presidencia. "Quiero decir que no reconozco, niego lo que empezó a decir ayer el Ministerio Público", que le imputó el jueves 3 tres delitos por supuestamente ser uno de los lideres de la trama delictiva en el ente recaudador de impuestos.
A juicio del exmandatario "hay mala intención" al quererlo involucrar en la red, y recordó que la decisión de investigar el caso fue el resultado de una reunión que él mantuvo con el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el jurista colombiano Iván Velásquez.
"Si yo hubiera tenido conocimiento de la red le hubiera dicho (al comisionado) que no estaba interesado" en que se investigara, argumentó.
Pérez Molina, quien dejó de ser presidente de Guatemala después de que el Congreso aceptó la renuncia que presentó para enfrentar a la Justicia, reconoció que es "importante" que se haya descubierto la red y felicitó al Ministerio Público por ello. "Quiero decirle que no recibí dinero, más bien se hicieron esfuerzos en este Gobierno, y me tocó a mi, para que la recaudación (tributaria) fuese una realidad", agregó.
El exmandatario, señalado de repartirse el 50 por ciento de los sobornos cobrados por la red de corrupción con su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, dijo que los señalamientos de la Fiscalía en su contra son especulativos e "inconsistentes".
"Yo no voy a poner mi dignidad por ninguna cantidad de dinero", afirmó el expresidente, y rechazó, por enésima ocasión, haber recibido algún beneficio económico de la red.
