La Fiscalía guatemalteca acusó formalmente ayer al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina y a su exvicepresidenta Roxana Baldetti de ser los jefes de una megaestructura que cooptó el Estado con el fin de lavar dinero para financiamiento ilícito y beneficio propio.
El caso denominado "la cooptación del Estado" señala a 70 personas, entre exfuncionarios, empresarios y particulares, de haberse coludido para saquear las arcas del estado.
La estructura "estaba dedicada a cometer varios ilícitos entre ellos el financiamiento ilícito, cohecho y lavado de dinero", dijo el fiscal Julio Barrios Prado a Pérez Molina frente al juez. El exmandatario, actualmente en prisión y bajo proceso por otro caso, rechazó las nuevas acusaciones en su contra.
La Fiscalía dijo que para cometer estos hechos Pérez Molina se unió al Partido Patriota, quién lo llevó a la presidencia en 2012, y que para ello recibió millones de quetzales en efectivo y a través de sociedades anónimas como financiamiento ilícito, dinero al cual le daban apariencia de legalidad.
"Ese dinero sirvió para comprar bienes y servicios para usted y Baldetti entre propiedades inmuebles y vehículos de lujo, así como regalos por 33 millones de quetzales (unos 4.3 millones de dólares)", dijo el fiscal.
El fiscal le imputo varios montos que pasan los 40 millones de quetzales (5.2 millones de dólares), los cuales eran parte de comisiones ilícitas que habría recibido Pérez Molina y que repartió con Baldetti y el ex secretario privado de esta Juan Carlos Monzón.
Monzón está preso, y como colaborador de la Fiscalía delató como estaba conformada la estructura y como se repartieron el dinero.
Hasta hoy la fiscalía le ha acusado Pérez Molina de participar en dos casos: uno denominado "la línea", en el cual una estructura defraudó al estado a través de recibir sobornos de empresarios.
