El dictador chileno, Augusto Pinochet (1973-1990), fue el principal encubridor del caso de dos jóvenes que fueron quemados vivos por militares en 1986, según revelan documentos desclasificados del Gobierno estadounidenses que van a ser entregados al juez chileno que reabrió la causa.
Los documentos hasta ahora secretos, que proceden de la Casa Blanca, la CIA o el Departamento de Estado, revelan que ese encubrimiento duró casi tres décadas e incluyó el secuestro e intimidación de testigos, así como el ejercicio de presión sobre jueces y abogados chilenos. El Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington publicó ayer los documentos en su página de internet.
Mientras, el Gobierno de Chile anunció que traducirá al español esos documentos y los pondrá a disposición del juez que investiga el "Caso Quemados", como se conoce el ataque que en 1986 se cobró la vida del fotógrafo Rodrigo Rojas, entonces de 19 años, y dejó malherida a Carmen Gloria Quintana, de 18. El juez Mario Carroza reabrió la semana pasada la investigación del caso después de la confesión de un exrecluta que formó parte de la patrulla que quemó a los jóvenes.
Desde entonces, 12 militares retirados han sido detenidos y procesados por su participación en los hechos.
Según un documento desclasificado del Departamento de Estado de EE.UU., solo cinco días después de la muerte de Rojas el general Rodolfo Stange, entonces jefe de la Policía chilena, hizo entrega a Pinochet de un informe en el que se identificaba a las unidades militares responsables del crimen.
Pinochet dijo a Stange que no se creía esa información y se negó a recibir el informe, de acuerdo con el material desclasificado. Posteriormente, Stange entregó el informe al general Santiago Sinclair, entonces vicecomandante en jefe del Ejército, quien supervisó "intensos esfuerzos para silenciar a testigos y enterrar las pruebas", según los documentos estadounidenses. En otro texto, de la Agencia de Defensa de Inteligencia, se afirma que un testigo "fue secuestrado brevemente" y "amenazado" para que cambiara su testimonio, mientras que la CIA (agencia central de inteligencia) sostiene en una nota que funcionarios del régimen "intimidaron" a jueces y abogados para detener los esfuerzos de llevar ante los tribunales a los responsables del ataque.
