Especialistas en el tema coinciden en que la minería ilegal está en un franco crecimiento en el Departamento de Potosí debido a las altas cotizaciones de los minerales y el escaso control que existe de parte de las entidades locales y nacionales.
El decano de la Facultad de Ingeniería Minera de la Universidad Autónomo Tomás Frías (UATF), Epifanio Mamani, sostiene que es tal el crecimiento de la minería ilegal que ya superó con creces a la cantidad de operaciones de explotación legal.
Destacó que los precios de la mayoría de los minerales están tan altos que incentiva a los comunarios a iniciar operaciones aunque no cuenten con el respectivo contrato administrativo minero, la licencia ambiental y otros requisitos.
El entrevistado puntualiza que las labores mineras ilegales constituyen un factor de alto deterioro ambiental dañando tierras de cultivos, áreas protegidas, ríos, lagunas y otras áreas importantes para otras actividades económicas como la agricultura.
EVASIÓN
El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Alberto Pérez, indica que las labores de explotación ilegal de minerales constituye un gran atentado al pueblo potosino y boliviano.
Puntualizó que esas operaciones no pagan las regalías para los municipios ni la gobernación y tampoco los impuestos previstos por ley, como el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE).
Los mineros ilegales también estarían violando normas sociales al contratar a personas, como peones, y si bien pagan un alto jornal esas personas no tienen otros beneficios del seguro médico, aportes para la jubilación y otros.
ZONAS
En el Departamento de Potosí están surgiendo zonas con alta activad de explotación minera ilegal, uno de esos sectores estaría en la parte posterior de la cordillera del Kari Kari, en jurisdicción de Chaquí.
Esos trabajos incluso podrían poner en riesgo la calidad del agua de las lagunas de las que la mitad de la población de la ciudad de Potosí se provee el agua día a día.
Se calcula que en la región del sud del Departamento de Potosí existen alrededor de 300 actividades de explotación de oro las cuales son ilegales, pero además constituyen un atentado al medio ambiente.
