La comisión de fiscales que investiga el incendio de un bus escolar en la comunidad Lagunillas, donde cinco estudiantes murieron y diez terminaron con quemaduras, habría encontrado documentación en la que se da cuenta de que existen otros buses que estarían en parecidas condiciones al que se incineró el 16 de abril.

El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio Mendoza, hizo conocer que, “producto de un allanamiento a las oficinas del Gobierno Municipal de Uncía se procedió a colectar documentación que va a servir para determinar el curso de la investigación no solamente vinculado a este hecho lamentable (incendio del bus)".

“Se está revisando algunos otros procesos de contratación que pudieran tener características similares y que pudieran generar también algún grado de peligro para la integridad y la vida de nuestros estudiantes en el municipio de Uncía”, apuntó la autoridad del Ministerio Público, en contacto con medios de comunicación.

Explicó que esa información está siendo minuciosamente analizada y valorada por la comisión de fiscales y, una vez que concluya ese trabajo, se irá asumiendo las decisiones que se consideren pertinentes.

El anuncio efectuado por el fiscal enciende las alertas porque en la región del norte potosino podrían existir más buses que no reúnen las condiciones legales ni técnicas para prestar el servicio de transporte de estudiantes.

Tras el incendio en el que fallecieron cinco alumnos de la unidad educativa Lagunillas ya se había escuchado voces respecto a que no se había realizado una evaluación rigurosa respecto al estado del motorizado el cual ardió en llamas cuando una de las garrafas que se usaba para su funcionamiento estalló.

La explosión habría sido el resultado de que el propietario y conductor del bus estaba calentando las garrafas con un anafe con la finalidad de que pudieran tener un mejor rendimiento a la hora de poner en marcha el bus. 

En el caso que se investiga, el propietario del bus, Román Ignacio Apaza (53), aparentemente realizó la instalación de cuatro garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP de uso domiciliario) para poner en funcionamiento el motorizado debido a que no podía cargar diésel porque no contaba con los documentos del mismo y carecía de la tarjeta B-Sisa.