Más del 80 por ciento de las muertes en mina no llegaron a la Dirección Departamental del Trabajo y los beneficios del trabajador se definieron por acuerdo de partes, muchas veces sin cumplir las normas establecidas.
El responsable de la Jefatura Departamental de Trabajo de Potosí, Freddy Jiménez, informó que tienen conocimiento extraoficial de que en el Departamento de Potosí ya se registraron 106 muertes en mina.
Sin embargo, a la Jefatura Departamental de Trabajo únicamente se habrían presentado familiares de 20 de los afectados por la falta de seguridad laboral en las minas de Potosí.
En los 20 casos se aplicaron las normas laborales que señalan que el empleador deberá cancelar la suma que resulte de la sumatoria de 24 salarios en base al monto que recibía el afectado.
“El número de muertos en mina es ya muy elevado en el Departamento de Potosí, pero nosotros tenemos conocimiento solo de 20 trabajadores fallecidos, cuyos familiares presentaron denuncias ante la Jefatura Departamental de Trabajo en Potosí, de los cuales se pudo aplicar lo que dice la Ley General del Trabajo en su artículo 88 a 24 sueldos, tomando en cuenta el ultimo monto que percibió el trabajador”, indicó el entrevistado.
El titular de trabajo de Potosí reconoció que los demás casos están siendo negociados internamente entre el empleador y los familiares del empleado.
Se tiene conocimiento de que los llamados “derecho habientes” o familiares de los trabajadores fallecidos durante la actividad laboral tienen derecho a remuneraciones que bordean los 80 mil Bolivianos.
En los casos denunciados ante la Jefatura Departamental de Trabajo se está haciendo cumplir los montos a pagar, pero cuando se trata de negociaciones entre partes generalmente los montos que reciben los beneficiarios son mucho menores.
Las muertes en mina están ocurriendo principalmente en minas cooperativizadas que no tendrían las condiciones de seguridad laboral necesarias y son los socios quienes deben pagar los beneficios de los familiares de las víctimas.
